Sáenz de Buruaga expedientará a 9 diputados del PP porque se niegan a que acapare cuatro cargos

La nueva presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha convocado para el próximo martes una reunión de su ejecutiva en la que ordenará abrir expediente disciplinario a nueve diputados autonómicos del partido por negarse a nombrarla portavoz en el Parlamento regional.

A propuesta de la presidenta, la ejecutiva del PP de Cantabria acordó el pasado día 11 cesar a Eduardo van den Eynde como portavoz del Grupo Parlamentario Popular y designar para este cargo a la propia María José Sáenz de Buruaga.

En el acta de la reunión se hizo constar expresamente que se trata de una «decisión de obligada observancia y cumplimiento, cuya desobediencia está tipificada en los estatutos nacionales del partido».

A continuación, Sáenz de Buruaga dio a los 13 diputados regionales del PP un ultimátum, que concluía este viernes a las dos de la tarde, para que se comprometieran por escrito a acataran la orden. Sólo cuatro han aceptado hacerlo.

Los otros nueve se han negado por un doble motivo. En primer lugar, consideran que se está vulnerando la autonomía del diputado: el nombramiento del portavoz del Grupo Parlamentario Popular es competencia exclusiva de los 13 diputados, de acuerdo con el reglamento de la Cámara autonómica y del propio Grupo.

La orden vulnera los estatutos del PP

Pero además, alegan que la orden de la ejecutiva regional vulnera abiertamente los nuevos estatutos del partido aprobados en el Congreso Nacional celebrado el pasado mes de enero. El artículo 10 establece que los representantes públicos del PP no pueden acumular más de un cargo orgánico y otro institucional.

María José Sáenz de Buruaga ya ocupa un cargo orgánico (como presidenta regional del partido) y dos cargos institucionales: presidenta del Grupo Parlamentario Popular (que es inherente al anterior) y vicepresidenta de la Cámara autonómica. Además ahora quiere acumular un cuarto cargo, el de portavoz en el Parlamento regional, vulnerando así los estatutos del partido.

Tras negarse a acatar esta orden irregular, los nueve diputados son conscientes de que se enfrentan ahora a la apertura de un expediente disciplinario, que podría culminar con su suspensión de militancia o incluso con la expulsión del partido.

En este último caso, los nueve diputados expedientados podrían expulsar del Grupo Parlamentario Popular a los cuatro diputados que se mantienen fieles a Sáenz de Buruaga, que acabarían así en el Grupo Mixto. Incluyendo la propia presidenta regional del PP y vicepresidenta de la Cámara.

‘Pucherazo’ en el congreso regional

No obstante, las fuentes consultadas indican que los nueve diputados autonómicos tienen intención de recurrir ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías, seguros de que les amparan los estatutos del partido, en el caso de que se les abra expediente.

De hecho, la ejecutiva regional celebrada el pasado día 11 ya acordó solicitar que se abra expediente informativo a varios militantes que han denunciando públicamente las numerosas irregularidades del congreso regional, en el que María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta tras obtener sólo cuatro votos más que su rival, el ex presidente autonómico Ignacio Diego.

Como ha informado OKDIARIO, varios militantes han denunciado en los juzgados que la candidatura de Sáenz de Buruaga utilizó a un discapacitado psíquico de Laredo para pagar de golpe las cuotas de 491 afiliados, con el fin de que pudieran votar en el congreso.

Más de un millar de militantes de la provincia (incluyendo a 70 alcaldes y cabezas de lista) denunciaron estos mismos hechos ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías. Sin embargo, este órgano presidido por Alfonso Fernández Mañueco archivó la queja alegando que se había presentado fuera de plazo. Ahora serán los tribunales los que deban aclarar las irregularidades registradas en el congreso regional.