España

Rull y Turull evalúan en prisión con su abogado los «riesgos judiciales» de ser consellers con Torra

Josep Rull y Jordi Turull se reúnen este miércoles en la cárcel madrileña de Estremera con su abogado con el objetivo de evaluar «los riesgos judiciales» de ser restituidos como consellers en el nuevo Govern de Quim Torra.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el letrado de los exconsellers, Jordi Pina, mantendrá un encuentro con sus clientes en prisión incondicional desde marzo tras ser procesados por rebelión y malversación. Uno de los puntos del día será estudiar y analizar las consecuencias de su posible nombramiento simbólico como consellers por el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña.

Estas mismas fuentes sostienen que su estancia en prisión en principio no supondría un obstáculo en sí a la hora de ser designados como consellers si Torra se lo propone finalmente, tal y como confirmaba en las últimas horas tras avanzarlo este diario, al no existir una «limitación legal». Sin embargo, Rull y Turull deben evaluar cómo quedaría su situación personal en pleno procesamiento.

Cabe recordar, que el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha destacado en muchos de sus autos el riesgo de la reiteración delictiva, para enviar o mantener en prisión a muchos de los encausados. Esta reiteración delictiva se volvería a poner encima de la mesa ante una posible petición de libertad provisional, si ambos dirigentes independentistas aceptan de nuevo ser consellers.

Además, la posible restitución de Rull y Turull como consellers apenas estaría vigente unas pocas semanas, hasta que la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ratifique el auto de procesamiento. Una vez sea firme, ambos quedarían suspendidos automáticamente para poder ejercer un cargo público. La decisión de los dos dirigentes independentistas encarcelados podría ser pública en las próximas horas.

El Parlamento de Cataluña con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en primera fila. (Foto: EFE)

Precisamente, el abogado de Rull y Turull presentaba en las últimas horas un recurso de apelación contra la confirmación del auto de procesamiento de Llarena por el proceso independentista. En el escrito, descartan haber incurrido en un delito de rebelión porque la violencia en el proceso soberanista “brilla por su ausencia”, ya que lo único que pretendían los ciudadanos movilizados era poder emitir su voto el 1-O.

El delito de rebelión exige que la proclamación de independencia sea el propósito de quienes se alzan violentamente, lo que impide aplicar este tipo a quienes simplemente piden votar”, alega el escrito, puntualizando que ese día fueron a votar personas a favor y en contra de la independencia.

Suspendidos para cargo público

Tal y como avanzó OKDIARIO, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, los exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Toni Comín, así como el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, procesados por rebelión en el Tribunal Supremo serán suspendidos para ejercer un cargo público en el plazo de un mes.

Estos 7 diputados del Parlamento catalán no podrán ejercer sus cargos después de que sea firme el auto de procesamiento. Dicha suspensión se haría efectiva de forma automática, tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La suspensión de cargo público se efectuará una vez se cumplan una serie trámites procesales. El pasado miércoles, el magistrado Pablo Llarena notificaba a las partes su auto resolviendo los recursos de reforma presentados contra el procesamiento de 23 de los investigados en la causa contra el independentismo catalán. 

Los procesados pueden recurrir en esta semana ante la Sala de Apelación del Supremo. Posteriormente, dispondrán de 2 o 3 semanas para presentar alegaciones a los recursos de los demás. Tras concluir esta tramitación, la Sala resolverá sobre el auto de procesamiento en otras 2 o 3 semanas y partir de dicha resolución, el procesamiento será firme.

En un plazo de mes o mes y medio, Puigdemont, Junqueras, Turull,  Rull, Romeva, Comín y Sànchez verán suspendidas sus funciones públicas automáticamente y obviamente, tampoco podrán ejercer sus cargos desde prisión.