Así explicó el Gobierno socialista de Navarra el Covid a las residencias el 9-M: “Es como una gripe”

• Luz Sela @Luz_Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 18/06/2020 06:45
  • Actualizado: 18/06/2020 17:48

El Gobierno socialista de Navarra, que preside María Chivite, rechazó la gravedad de la pandemia ante los avisos de las residencias y su petición de adoptar medidas. El 9 de marzo, los responsables de Salud Pública y Derechos Sociales de la comunidad autónoma mantuvieron una reunión con representantes del sector «y trasladaron que el Covid era como una gripe» y que, en consecuencia, no se cerrarían los centros, una medida reclamada para hacer frente a la propagación del virus.

En Navarra, el 63,4% de los muertos totales (considerando los fallecidos con coronavirus confirmado o síntomas compatibles) residían en estos centros sociosanitarios. Un porcentaje que supera a Madrid (32,4%).

Así se recoge en el ‘Informe analítico de gestión en centros residenciales en España durante el Covid-19’, firmado por el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) y al que ha tenido acceso OKDIARIO. En él, se denuncia de manera rotunda «el abandono de las Administraciones para con las residencias». «Ha fallado el sistema sanitario, las derivaciones hospitalarias de urgencia, la coordinación política para dar una respuesta coordinada que garantizase la salud de los residentes», se destaca en el dosier.

Y se exponen casos concretos. En Aragón, por ejemplo, «varias residencias cerraron las puertas a las visitas en contra de las directrices por escrito de la Administración» que preside el socialista Javier Lambán, con apoyo de Podemos, Chunta y PAR.

«Respuesta tardía»

La recopilación de hechos describe el drama que se vivió en las residencias, el foco más trágico de la pandemia. Meses de desesperación y falta de respuestas, que ahora monopolizan los cruces de acusaciones y reproches entre los partidos. La patronal mayoritaria -que representa a 200.000 de las 385.000 plazas en residencias que hay en el país- es concluyente: «La respuesta pública fue tardía y dispersa. Si se hubiese podido tomar dos o tres semanas antes la medida de cerrar las residencias a visitas y dotar de EPI a las residencias, podría haberse reducido uno de los factores de riesgo de entrada de la enfermedad por parte de los familiares y trabajadores y su contagio a los residentes».

Pese a la evidencia de que el coronavirus golpeaba fuertemente a las personas de edad más avanzada, el Ejecutivo no empezó a actuar hasta el 5 de marzo. Por entonces, preocupaban ya los brotes en dos residencias, con varios fallecidos. El manual difundido por Sanidad, muy básico, se limitaba a recomendar el aislamiento de los residentes con contagio probable o confirmado o con síntomas de enfermedad respiratoria. Ni se planteaba el cierre de los centros ni tampoco la realización masiva de PCR para la detección temprana del virus, en el personal o en los ancianos, como sí recogía el protocolo de la Comunidad de Madrid.

Sanidad ordenó entonces que los residentes con «sintomatología respiratoria aguda» limitasen sus movimientos «lo máximo posible», quedándose «en una habitación con buena ventilación e idealmente con baño propio». La derivación hospitalaria no era una prioridad. Incluso se aconsejaba que el paciente permaneciese en el centro «si su estado de salud es bueno».

Tomaron la iniciativa

Por entonces, la epidemia estaba en explosión, con cifras que duplicaban las del día anterior. Pese a ello, las residencias no contaron hasta entonces con ninguna instrucción, para desesperación de sus responsables. Sólo contaban con recomendaciones genéricas para un colectivo especialmente vulnerable.

Ante la situación, las asociaciones tomaron la iniciativa. Elaboraron sus propios protocolos e informaron directamente a sus asociados. Desde finales de febrero, se reunieron con representantes autonómicos. «Cuanto antes se hubieran tomado las medidas, más posible hubiese sido hacer una contención», concluyen.

El informe cita un estudio, ‘El Covid-19 en usuarios de residencias’, firmado por Joseba Zalakain y Vanessa Davey, que apunta a que «la rápida extensión de la enfermedad en residencias durante principios de marzo puede deberse al tiempo que se dejó transcurrir entre la detección de los primeros casos y la emisión de la primera instrucción».

Silencio de Iglesias

Este periódico reveló cómo la patronal de residencias intentó, hasta en cinco ocasiones, contactar con Pablo Iglesias, el ‘mando único’ de los servicios sociales durante la pandemia. Las peticiones fueron desoídas.

Hace unos días, la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, protagonizó una sincera intervención en el Congreso de los Diputados, donde relató la dramática situación vivida en las residencias en los momentos más duros de la pandemia.

Pascual, en una intervención muy crítica -en el grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión de Reconstrucción- contó cómo contactó con los propios ministros y sólo encontró «reproches entre comunidades, entre partidos políticos».

«Nosotros no queríamos reproches. Estábamos en medio de una pandemia. Lo que estábamos sufriendo era inhumano. Sólo les pedía que nos sentáramos en una mesa y que el Gobierno dijese: vamos a solucionarlo», destacó.