Reparar los destrozos en Barcelona le costará a Colau el triple que su plan anticarteristas

Los destrozos generada por los CDR en Barcelona ha eclipsado otro de los graves problemas de seguridad que venía sufriendo la ciudad: el carterismo y la delincuencia callejera. El Ayuntamiento de Barcelona va a tener que gastar el triple en reparar semáforos y contenedores quemados de lo que tenía previsto invertir en un plan para prevenir el crimen.

La factura del caos asciende, de momento, a 2,7 millones de euros. Y le corresponderá al Ayuntamiento de Ada Colau hacerle frente. Barcelona tendrá que reponer más de un millar de contenedores quemados, señales arrancadas, semáforos destrozados y aceras levantadas para fabricar piedras con las que los CDR se enfrentan a la Policía. Y el balance, ha explicado el primer teniente de alcalde Jaume Colboni, aún es provisional: podría ser mucho mayor. Tampoco está incluido el coste en horas extras que habrá que abonar al personal de limpieza y reparaciones.

El coste que supone para el Ayuntamiento un desembolso inesperado como este puede ponerse en contexto comparándolo con el presupuesto de gastos del equipo de Gobierno de Ada Colau. En materia de seguridad, por ejemplo, el consistorio barcelonés tenía previsto gastar este año una partida de 766.110 euros para su programa de «prevención de la delincuencia». El coste de reponer los contenedores y semáforos de Barcelona triplica lo destinado a esta iniciativa.

Este plan, que está incluido dentro de los gastos en materia de Seguridad y Movilidad Ciudadana, contempla la puesta en marcha de una serie de medidas para tratar de erradicar prácticas tan extendidas en la ciudad como el carterismo. Las campañas de concienciación social para atajar este problema beben de estas partidas.

Durante todo el verano, la situación de la seguridad en Barcelona se agravó hasta el punto de generar una grave crisis política a la alcaldesa Colau. A finales de agosto, la Consejería de Interior, los Mossos y el área de Seguridad del Ayuntamiento, con la colaboración del Ministerio del Interior, pusieron en marcha una campaña de detenciones en el Metro para tratar de frenar el fenómeno del carterismo. Hasta entonces, sólo las patrullas vecinales habían conseguido hacer frente al fenómeno.