La reforma de Sánchez obliga a comprar energía francesa mientras desprecia renovables españolas
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El fin de semana pasado ha puesto a prueba la política energética de Pedro Sánchez. Y el resultado ha sido toda una paradoja: durante 13 horas el sábado y 9 horas el domingo, la electricidad vendida por Francia tuvo prioridad en el uso de fuentes de energía frente a la de centrales verdes o renovables españolas, en concreto, las más baratas.
La locura ha estado propiciada por la reforma de Pedro Sánchez, que ha establecido una fórmula de fijación de un pseudo impuesto -ni siquiera regulado como tal- para las eólicas y solares que oscila en los 110 euros/MWh, lo que ha expulsado a las verdes más baratas y ha dado prioridad a energías como la producida por las centrales francesas.
Coste variable cero
La historia parece increíble, pero se ha convertido en una realidad. La energía renovable, eólica y fotovoltaica, tiene un coste variable cero. La causa es sencilla: el uso del viento y el sol no tiene coste. Por ello, su energía entra la primera en la subasta eléctrica.
Pero el Real Decreto recién aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido un pseudo impuesto, que ni tan siquiera se ha regulado como tal, que genera un coste adicional para las energías verdes -eólica y fotovoltaica- de cerca de 110 euros/MWh. El Real Decreto lo ha hecho por medio de una fórmula que en estos momentos y con los precios de la energía actual, queda en ese nivel de 110 €.
El resultado ha sido dantesco: al sumar los costes fijos de algunas de las centrales verdes españolas, las más baratas, con el nuevo pago fiscal, esas centrales se han quedado fuera de la subasta para dar paso a energía comprada de Francia o incluso generada con carbón procedente de Marruecos. En el caso de Marruecos, hasta procedente de quemar carbón, uno de los combustibles más contaminantes.
Lo cierto es que numerosos expertos advirtieron de que el Real Decreto en cuestión adolecía de innumerables fallos técnicos. Unos de los más llamativos es, efectivamente, el perjuicio que causa la reforma de Pedro Sánchez a una serie de productores de energías verdes o renovables.
Es evidente que el decreto quería penalizar aquellas tecnologías que, no siendo consumidoras de gas, se beneficiaban de los altos precios de este combustible. Pero, por el contrario, no querían penalizar a las energías renovables.
La realidad es que, pese a ello, el Real Decreto ha establecido una exención en su artículo 5.2 por la que saca del hachazo a la mayoría de instalaciones de producción que tengan reconocido un marco retributivo regulado. Es decir, las renovables. ¿Todas las renovables tienen ese marco regulado? La respuesta es no. Y ahí es donde ha surgido este grave problema. Lo cierto es que aquellas instalaciones más antiguas, que ya están amortizadas, cuyo marco retributivo especial ya ha terminado y algunas otras que operan en criterios puros de mercado han quedado presas del golpe fiscal. Y ese golpe se suma a los costes y las saca de entrar en la subasta de energía de la que se nutre toda España.
Resultado: un Real Decreto mal diseñado y poco madurado ha castigado a las renovables más baratas y las que renunciaron a la subvención procedente del Estado. De hecho, a los pocos días de promulgar el Real Decreto, el Gobierno remitió una carta (sin ningún valor normativo) a Red Eléctrica Española (REE), como encargada de liquidar estos pagos, trasladándole una interpretación de la norma que iba contra la propia norma: pedía a REE que no liquidase esta exacción fiscal a las mencionadas instalaciones.
El problema ha ido a más. Y si el fin de semana se ha colado energía francesa en la subasta dejando fuera electricidad española verde, este mismo martes ha entrado producción eléctrica obtenida de carbón marroquí.
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