La red que prostituía a venezolanas les amenazaba con enviarles “malos espíritus” si escapaban

La red de proxenetas desarticulada el pasado miércoles en Madrid engañaba a jóvenes venezolanas con graves problemas económicos para traerlas a España con un contrato de trabajo. Cuando llegaban las enviaban a casas para ejercer la prostitución. Para evitar que denunciasen o escapasen, un santero les amenazaba con enviarles “malos espíritus” contra ellas y sus familias.

La santería es una práctica religiosa ampliamente extendida en Latinoamérica y el caribe. Su incidencia entre las clases sociales más pobres es muy amplia en muchos países, como Venezuela. Y esas eran las ‘armas’ que utilizaban en la red de explotación de mujeres que la Policía Nacional desarticuló en una operación el pasado miércoles.

La red de proxenetas, formada por nueve individuos (todos ellos detenidos), recurría a un santero para amedrentar a las víctimas de la trata de blancas. Según fuentes de la investigación, buena parte de las diecisiete mujeres liberadas «fueron amedrentadas con prácticas de santería, que las tenía atemorizadas».

Las jóvenes provienen de un estrato social muy marcado por la pobreza, explican estas fuentes, y eran «muy creyentes de la santería». La mafia las tenía amenazadas asegurándoles que en caso de que se negaran a cumplir sus ordenes, se chivaran de su situación o decidiesen huir, «les enviarían malos espíritus a perseguirlas de por vida a ellas ya sus familiares».

La investigación se inició el pasado mes de octubre, cuando varias mujeres denunciaron que eran víctimas de la organización criminal de proxenetas. Las jóvenes eran captadas en zonas pobres de Venezuela con el pretexto de conseguir un empleo en España.

Si accedían a viajar, miembros de la red les recogían en Barajas y de allí eran llevadas directamente a diversos pisos de localidades madrileñas como Navalcarnero o Las Rozas. Ahí comenzaba la intimidación y las amenazas. Además de obligadas a prostituirse, debían vender droga y consumirla. Las mujeres eran explotadas sexualmente bajo una estricta y férrea vigilancia durante 24 horas por medio de cámaras de grabación.

La organización criminal se encargaba de que las víctimas no estuvieran más tiempo del periodo de estancia en España y, una vez transcurrido, las acompañaban al aeropuerto y las embarcaban de vuelta a sus países de origen, garantizando así que no les denunciasen ante las autoridades.