¿Qué papel juega la escuela concertada en los programas políticos del 28-A?

La enseñanza concertada es un caballo de batalla entre los partidos políticos desde que en 1985 la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), de un gobierno socialista, regulara el sostenimiento con dinero público de centros privados. En estos 34 años de historia, especialmente por el mayor papel de las comunidades autónomas a la hora de permitir el sostenimiento de los centros o la apertura de otros nuevos, la concertada ha visto cambiar su relevancia según el color político de cada región.

Ahora, en sus programas electorales para el 28-A, los partidos no han dudado en anunciar su mayor o menor apoyo a este tipo de enseñanza. Unos la defienden con el argumento de la libertad de elección de centros de los padres para sus hijos y otros criticándola porque creen que se ha convertido en un negocio, perjudica a la pública y, además, se permite que con dinero público se mantengan centros que separan al alumnado por sexos.

Para el PSOE, hay que reforzar el servicio público de la educación, constituido por centros y escuelas públicas inclusivas, «protegiéndolo frente a la tendencia privatizadora» que, a su juicio, impulsan otros partidos políticos.

Lo asegura la formación de Pedro Sánchez en el capítulo «La educación: una prioridad inaplazable» de su programa. «Prohibiremos la escolarización con criterios de segregación en los centros sostenidos con fondos públicos», es otra de las promesas del PSOE en cuanto a los centros concertados.

También los socialistas aseguran que eliminarán «el concepto de demanda social como criterio de programación» de los centros concertados que el anterior gobierno ‘popular’ introdujo en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Por su lado, el PP señala en su «Contrato con los españoles», que «las familias tienen el derecho de elegir qué educación quieren para sus hijos».

«Trabajaremos para que los centros educativos públicos y concertados puedan incrementar su oferta de plazas escolares en aquellos casos en los que sea inferior a la demanda». Además, el PP anuncia que ampliará en todas las comunidades autónomas la educación concertada al Bachillerato y la Formación Profesional básica «para que esta no sea una etapa que queda fuera del sistema de financiación actual».

El partido de Pablo Casado defiende asimismo que sean deducibles las aportaciones realizadas por las familias a entidades sin ánimo de lucro y dedicadas a la educación concertada, un tema que provocó polémica recientemente.

Un aspecto de la enseñanza concertada que rechaza la formación de Pablo Iglesias. Por ello, el programa de Unidas Podemos «para un nuevo país» señala: «Aabaremos con el pago ilegal de las cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada, que, en realidad, esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100 % con dinero público».

Ciudadanos, en su programa «Nuestro compromiso con los españoles», afirma sobre esas cuotas: «Garantizaremos la gratuidad de la educación concertada, evitando el cobro por parte de los centros de cuotas injustificadas. Haremos que la Agencia Tributaria deje de perseguir a las familias que se desgravan las donaciones que realizan a los colegios concertados de sus hijos».

Además de respaldar «el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos», defiende, como dice la Lomce, que «se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la renovación de conciertos». Por su parte, VOX afirma en sus «100 medidas para la España viva» que devolverán a los padres «una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio».