Puigdemont fuerza a Sánchez a que las empresas españolas de más de 250 empleados atiendan en catalán

Puigdemont vuelve a someter al Gobierno de España. Junts ha logrado que la Ley de Atención al cliente obligue a responder en catalán a cualquier empresa española con más de 250 empleados o que facture 50 millones. Bancos, aseguradoras, suministradoras de energía, de telefonía y de transporte, entre otras, deberán incorporar a personal que hable y escriba catalán.

El acuerdo, alcanzado este martes entre el presidente Pedro Sánchez y sus socios independentistas de legislatura, incluirá cambios sustanciales en el Proyecto de Ley de Atención a la Clientela. Según ha emitido Junts en un comunicado, se trata de un paso hacia adelante en los intereses de los catalanes al permitir que tendrán asegurados sus derechos.

Según recoge el texto del acuerdo al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno permitirá «asegurar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las empresas y evita la invasión de competencias propias de la Generalidad de Cataluña gracias a la introducción de una disposición adicional en ese sentido».

La norma, con carácter estatal, tendrá un gran alcance en tanto que regulará «los servicios de atención al cliente de las grandes empresas y operadoras de servicios básicos de interés general».

Así, entre las enmiendas acordadas y que tendrán que ser ratificas en ponencia, se da la primera luz verde a medidas tales como que las empresas de más de 250 trabajadores, o que facturen más de 50 millones de euros anuales, tendrán que ofrecer una «formación obligatoria en catalán» para todos aquellos trabajadores de los servicios de atención a la clientela. Así, acreditan en Junts, podrán atender «con garantías» de que lo hacen en su propia lengua.

Otra de las medidas a las que obliga este acuerdo es a la «sustitución de la obligación de responder como mínimo en castellano por la de hacerlo con la lengua oficial con la que se haya dirigido el cliente a la empresa». También por que las comunicaciones, ya sean escritas o verbales de la empresa con el cliente, tendrán también que adaptarse a la lengua que, previamente, este haya elegido.

Según especifican en Junts, todas estas medidas supondrán un «cambio de paradigma» en tanto que pondrán por delante el derecho de los consumidores a ser atendidos en catalán «sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial». Con este acuerdo, además, será obligatorio que compañías eléctricas, de agua o del gas; empresas de telefonía, aeronáutica, transportes, servicios postales o de comunicación audiovisual, entre otras, atiendan en catalán.