Puigdemont exigió a Rajoy impunidad para él, su Govern, Trapero y la salida de los ‘Jordis’ de la cárcel

La convocatoria de elecciones que anunció Carles Puigdemont a primera hora de este jueves tenía un objetivo: abortar la aplicación del artículo 155. Y su renuncia a la declaración de independencia, un precio: la impunidad del Govern insurrecto, la anulación del proceso contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la liberación de los ‘Jordis’. El Gobierno de España se negó a pagarlo y eso motivó que el presidente de la Generalitat volviera descartar las elecciones tras una jornada esquizofrénica en el Palau de la Generalitat.

«No hay suficientes garantías». Sin concretar de qué garantías se trataba, es el argumento que ha empleado Puigdemont para justificar su marcha atrás. En realidad, lo que el presidente catalán no ha tenido es garantías del Gobierno de Mariano Rajoy de que este mes y medio de sublevación política le fuera a salir gratis. Según fuentes conocedoras del proceso de intermediación entre ambos gobiernos, Puigdemont exigía impunidad frente a la querella que sobre él, y todo su Govern, pesa por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos (delito éste que conlleva penas de cárcel) por hacer caso omiso a todas las advertencias del Tribunal Constitucional contra la organización del referéndum ilegal del pasado 1-O.

Pretendía también Puigdemont que fuera sobreseído el proceso abierto en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos por un supuesto delito de sedición. Trapero ha comparecido ya en dos ocasiones ante la magistrada Carmen Lamela y fuentes judiciales dan por hecho que la próxima vez que lo haga, una vez que la Guardia Civil ha acumulado más y mejores pruebas del comportamiento desleal de los Mossos el 1-O, Trapero acabará en prisión.

En la cárcel están desde hace dos semanas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, imputados en la misma causa de sedición que Trapero. La libertad de los ‘Jordis’ era el pequeño triunfo que el presidente catalán pretendía ofrecer al bloque social independentista para paliar la frustración de una república abortada por el mismo dirigente que siempre había defendido el supuesto mandato del ‘pueblo catalán’ emanado el 1-O hasta que la mañana de este jueves amaneció con otro plan: salvar la impunidad de todos los golpistas mediante la convocatoria de unas elecciones. La trampa era evidente, el chantaje obsceno y el Gobierno de Rajoy no se lo tragó.

Puigdemont ha terminado confundiendo la separación de poderes en vigor de la democracia española con esa imaginada república catalana que en el artículo 79.4 de su ley fundacional ampara a los tribunales catalanes para sobreseer o anular «los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta».