Demanda civil de Puigdemont contra el juez Llarena

Puigdemont acusa a Llarena de creerse el «presidente» por frenar la investidura de los golpistas

Juez Pablo Llarena
Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo citado en Bélgica. (Foto: EFE)

Carles Puigdemont acusa al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de convertirse en «el presidente de España» por impedir que se convirtiera en presidente de la Generalitat tras fugarse y no permitir las demás propuestas de investidura de otros tres golpistas encarcelados.

En la demanda civil presentada en Bélgica por presunta falta de imparcialidad y vulneración de los derechos de los investigados, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la defensa de Puigdemont sostiene que tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre en Cataluña, «empieza un pulso entre el juez Llarena y el Parlamento de Cataluña para nombrar al nuevo presidente de Cataluña».

«Efectivamente, el juez Llarena ha impedido en cuatro ocasiones la investidura del presidente elegido por el Parlamento catalán, es decir sucesivamente: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Turull. Esta influencia política, del todo inhabitual, de un juez de instrucción, aunque sea miembro del mismo Tribunal Supremo, llegó a hacer decir que Pablo Llarena se había constituido en un verdadero ‘presidente’ de España» señala la demanda de Puigdemont.

Los letrados del expresidente catalán huido afirma que «los motivos formulados por el juez Llarena, en el contexto de los numerosos autos y decisiones judiciales que ha tomado durante los últimos meses, reflejan un mensaje claro que debe servir de telón de fondo de la presente demanda; la respuesta penal del Estado español tiene como única intención el ser extinguida o mitigada respecto a los responsables catalanes si estos renuncian a su proyecto político independentista».

Después continúan los ataques al instructor del Supremo: «Y es precisamente el proyecto político de las partes demandantes el que Pablo Llarena pretende combatir, y no las infracciones penales que estas habrían supuestamente cometido. Pablo Llarena no deja de comparar el proyecto y las convicciones políticas de las partes demandantes y de los demás responsables catalanes con una concepción penalmente reprensible».

Carles Puigdemont
Carles Puigdemont en el domicilio que utiliza en Waterloo, Bélgica. Foto: AFP

La «manipulación» de la traducción

Tal y como avanzaba este diario, la alteración de las palabras del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la demanda presentada por Carles Puigdemont en Bélgica complica su admisión a trámite. La vista previa tendrá lugar el próximo 4 de septiembre y a ella no asistirá previsiblemente el instructor.

La defensa de Puigdemont sustentaba parte de la demanda en unas declaraciones realizadas por el magistrado en las que descartaba que los investigados en la causa sobre el ‘procés’ lo estén siendo por “motivos políticos” y aseguraba que trataba de determinar si han cometido delitos recogidos en el Código Penal.

Llarena afirmaba textualmente: “Con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”.

Sin embargo, en la frase traducida al francés para presentarla ante el tribunal belga, se cambiaba el argumento condicional del instructor, por una afirmación categórica, para cuestionar su imparcialidad: “Con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados“.

Dicha traducción “sea errónea o con intención de confundir al tribunal belga», complica mucho la admisión a trámite de la demanda. “Si ha sido un error de traducción, el despacho de abogados de Puigdemont da muy mala imagen al juez, y si ha sido con ánimo de engañar al tribunal, han quedado como unos tramposos y la demanda tendría que ser inadmitida”.

No obstante, se descarta que este caso se pudieran enmarcar en un supuesto de “estafa procesal por alteración de pruebas», ya que “la demanda es civil, no se ha admitido todavía y mucho menos se han presentado las pruebas por las partes”.

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