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Congreso de los Diputados

El PSOE y sus socios desairan a la UE: rechazan que los jueces sean elegidos por los jueces

El PSOE ha desairado este martes a la Unión Europea al rechazar en sede parlamentaria una reforma impulsada por el PP para que los jueces sean elegidos por los jueces. Tras el llamamiento del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, a iniciar una reforma «profunda» del sistema de elección de los jueces, los socialistas tenían la oportunidad en esta sesión del Congreso de mostrar su voluntad de emprender tales cambios. Sin embargo, ese gesto no se ha producido, pese a que la proposición de ley de los populares, en caso de haber superado su toma en consideración, todavía debía cursar varios meses de tramitación, con posibilidad de recibir enmiendas.

Pero el PSOE se ha agarrado a su propósito de que el CGPJ -con el mandato caducado- debe ser renovado ya, algo que rechaza el PP en tanto no haya compromiso de los socialistas para despolitizar al Justicia y evitar que haya vocales de Podemos, ERC o Bildu en el órgano de gobierno de los jueces, socios del Ejecutivo que lanzan graves acusaciones contra los magistrados constantemente y quebrantan la ley y el Estado de Derecho.

Para defender su negativa a acometer esta reforma, los socialistas han esgrimido que no es compartida por la mayoría absoluta de la Cámara, esto es, la que conforman PSOE, Podemos y sus aliados de la mayoría Frankenstein (nacionalistas, socialistas y proetarras). Así lo ha expresado desde la tribuna el diputado del PSOE José Luis Ramos Rodríguez, quien ha replicado al PP que «despolitizar» la Justicia es «deslegitimar a esta Cámara, que tiene la soberanía popular, es quitarle la voz al pueblo», ha sostenido Rodríguez.

En la misma línea se pronunció horas antes en rueda de prensa el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, quien insistió en que «el PP debe saber que está en la oposición y tiene que acatar la ley». Preguntado sobre si el PSOE estaría dispuesto a iniciar esa reforma si el PP cede, Gómez se la limitado a decir que se podría hablar de posibles cambios en el sistema, pero «desde una perspectiva amplia» y escuchando las propuestas de todos los partidos, de las instituciones europeas y de los propios jueces. Otra vez, con la vista puesta en sus socios de Gobierno de la mayoría Frankenstein.

En el debate parlamentario, Bildu y Junts han mostrado su rechazo a la iniciativa del PP pidiendo que sean cesados directamente los vocales del CGPJ con el mandato caducado, lo que otorgaría plenos poderes al Gobierno. Por su parte, ERC se ha opuesto también, atacando al Poder Judicial: «Son sobrados los motivos para irnos de un Estado opresor y corrupto», ha afirmado la diputada Carolina Telechea. Desde el PNV han remarcado que votar a favor sería tanto «como validar la labor obstruccionista» del PP y «el chantaje que está practicando». En cuanto a Unidas Podemos, Jaume Asens ha atacado durante al coronel Diego Pérez de los Cobos y ha dicho que el «único problema de la independencia judicial es el Partido Popular».

«Jueces independientes»

En cambio, Vox y Ciudadanos no se han posicionado en contra de la reforma del PP, si bien han cuestionado varios puntos de la iniciativa. El diputado de Vox José María Sánchez García ha calificado la iniciativa del PP de «bienintencionada, pero insuficiente», en tanto los jueces «deberían ser nombrados como en otros países europeos con arreglo a criterios reglados, no discrecionales», teniendo en cuenta «el mérito y la capacidad», ha sentenciado.

En su turno, el portavoz naranja, Edmundo Bal, ha criticado que los populares pretendan que «una lucha entres partidos se convierta en una lucha entre asociaciones de jueces progresistas y conservadores». «La asociación mayoritaria es la de aquellos que no pertenecen a ninguna asociación», ha dicho Bal, destacando que la propuesta de su partido -tumbada también en el Congreso hace un año- «pedía dar voz a los jueces independientes». «Ustedes quieren libertad pero un poquito solo. Y no establecen nada para evitar las puertas giratorias», ha remachado Bal.

En el texto de su reforma, el PP plantea que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por entre los jueces y magistrados que se encuentren en activo y que se descarten perfiles políticos en los ocho juristas que proponen los grupos parlamentarios. Asimismo, propone ampliar el sistema de mayorías reforzadas de tres quintos a todas las decisiones del Consejo, que éste redacte informes para cualquier iniciativa que afecte al funcionamiento de la justicia y que las asambleas legislativas autonómicas no puedan designar vocales de los tribunales superiores de justicia.

Los populares’ también apuestan por la «despolitización» de la Fiscalía con una serie de medidas que abrirían la puerta a la recusación de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

«Síndrome de Estocolmo»

En su intervención, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha manifestado que «en el Gobierno de España se sitúa hoy un partido socialista históricamente alérgico a la separación de poderes, víctima del síndrome de Estocolmo hacia los nacionalpopulismos reaccionarios y populismos radicales de extrema izquierda, y acaudillado por un presidente del Gobierno que está obsesionado hasta la enfermedad por el sometimiento de los órganos constitucionales al vasallaje de sus designios autocráticos».

«El Gobierno se ha quedado sin argumentos que legitimen su negativa a acometer una reforma real del CGPJ», ha apostillado Gamarra tras el voto negativo de los socialistas a esta toma en consideración.