El PSOE quiere que la mordaza judicial se aplique ya a los casos de Begoña Gómez y el hermano de Sánchez

La proposición de ley del PSOE para amordazar a los jueces y las acusaciones populares tiene un objetivo claro: salvar a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez de sus imputaciones delictivas. La disposición transitoria única incluida en esta norma dispone que los cambios que introduce se aplicarán «a los procesos en curso en el momento de su entrada en vigor». Teniendo en cuenta que, al tratarse de una proposición de ley, todos los trámites para su aprobación se agilizan, esta maniobra del PSOE podrá aplicarse a las investigaciones que han acabado con Begoña Gómez, el hermano de Sánchez y el fiscal general del Estado imputados.

Este viernes, los socialistas han registrado en el Congreso una proposición de Ley Orgánica de «garantía y protección de los derechos fundamentales» frente a lo que el PSOE considera el acoso derivado de «acciones judiciales abusivas». Esta nueva norma limitará la acusación popular e impedirá que se admitan procedimientos penales a partir de recortes de prensa. Además, cuando no se formule acusación por el Ministerio Fiscal o por la acusación particular, el proceso penal será archivado.

La disposición transitoria única de esta ley indica que «las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal serán aplicables a los procesos que se encuentren en curso en el momento en que entre en vigor la presente Ley Orgánica». ¿Y cuándo entrará en vigor? Al tratarse de un proyecto de ley, los socialistas han agilizado todo el proceso, ya que no requiere que presenten informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Así, de contar con los apoyos para sacarlo adelante, esta propuesta podría tener luz verde de la Cámara Baja antes del verano.

Esto significa que, una vez el Congreso apruebe este texto, los jueces a cargo de las diferentes investigaciones deberán revisar los casos bajo su responsabilidad. Si en ellos participan acusaciones populares relacionadas con partidos políticos, asociaciones de jueces y fiscales, o formaciones políticas como tales, estas deberán quedar excluidas de la instrucción.

Traducido a los casos actuales, esta nueva normativa vaciaría de acusaciones populares los casos de corrupción que asedian al presidente del Gobierno. Su aprobación conllevaría excluir a Vox de las investigaciones que cercan a Begoña Gómez y al hermano de Sánchez o dejar fuera a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que está presente en la instrucción sobre la supuesta revelación de secretos del fiscal general del Estado.

De aprobarse la nueva normativa impulsada por el PSOE, la única acusación que quedaría en pie en los diferentes casos de corrupción que rodean a Sánchez sería el ministerio Fiscal, algo que tendría un efecto directo en las investigaciones a Begoña Gómez y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el caso de la mujer del presidente del Gobierno, la expulsión de las acusaciones populares dejaría todo en manos del fiscal, que ya ha pedido en varias ocasiones el archivo de la causa. Algo similar de lo que ocurre en el caso de García Ortiz: si el Ministerio Público que él mismo dirige no ve delito, el caso se abocaría al archivo.

Las contradicciones del PSOE

Conviene recordar que cuando la acusación popular se ha ejercido en casos ajenos a Pedro Sánchez, el PSOE no ha estado en desacuerdo. Ejemplo de ello fue el caso Nóos, que llegó a los tribunales en 2010 y en el que se encausó, entre otros, a Iñaki Urdangarin. El sindicato Manos Limpias se personó para pedir la imputación de la infanta Cristina. En ese momento, el PSOE no impulsó ninguna norma para acotar el papel de las acusaciones populares, como sí hace ahora que afecta a la mujer o al hermano del presidente. Tampoco rechazó la acusación popular cuando el PSOE la ejerció en casos de corrupción que afectaban directamente al PP, como la Gürtel o Púnica.

Además, la proposición de ley incluye la imposibilidad de abrir un proceso penal «con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades». Algo que también ha utilizado en otras ocasiones el PSOE en su beneficio. El pasado mes de marzo, por ejemplo, los socialistas presentaron un escrito en la Audiencia Nacional en el que aportaba una batería de recortes de prensa para pedir un impulso de la pieza del caso Villarejo en la que se encuentran los audios donde se afirmaba que el suegro de Pedro Sánchez tenía un negocio de saunas. En ese caso, como los recortes de prensa tenían como objetivo que se investigase un supuesto espionaje a la mujer del presidente del Gobierno, sí le valían al PSOE.