PSOE y Más Madrid se enfrentan a una multa por mala fe procesal al ampliar la querella al novio de Ayuso

Los investigados en la causa judicial del novio de Ayuso, Alberto Gónzalez Amador, por un presunto fraude fiscal han pedido a la juez instructora, Inmaculada Iglesias, una multa por mala fe procesal contra las acusaciones populares –ejercidas por PSOE y Más Madrid– que presentaron un escrito ampliando su querella una hora antes de celebrarse las declaraciones en las que se iba a llegar a un acuerdo de conformidad. Tal y como ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes jurídicas, los investigados también piden que se incremente la fianza aportada por las acusaciones para ampliar su querella con más delitos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) prevé que la juez fije qué cantidad deben aportar para personarse en un proceso judicial.

La maniobra de PSOE y Más Madrid para dilatar la causa contra el novio de Ayuso podría salir muy cara. Las defensas de los investigados en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid han reclamado económicamente los prejuicios que sufrieron tras la actuación de las acusaciones izquierdistas que obligó a posponer la vista señalada.

La juez había citado a González Amador y a dos de los investigados de forma presencial en su juzgado de Madrid el pasado lunes 24 de junio. Los llamados a declarar viajaron a primera hora desde Sevilla, si bien su abogado había pedido la suspensión de la vista tres días antes. La instructora no respondió a esta petición manteniendo la citación.

Fuentes consultadas señalan que la juez les convocó con la idea de firmar un proyecto de conformidad que la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ya tenía redactado y que publicó OKDIARIO en primicia el pasado lunes.

Esta conformidad era la segunda que se ofrecía a los investigados en menos de una semana y, en la última, la Fiscalía había incluido un delito de falsedad documental tras reunirse el Abogado General del Estado con la letrada encargada de la causa.

Las defensas, no obstante, estaban a favor de firmar el pacto, pero todo se truncó. PSOE y Más Madrid presentaron un escrito en el que pedían a la juez investigar más delitos y la instructora Iglesias suspendió las declaraciones para que pudiesen estudiarse los nuevos argumentos expuestos por las acusaciones.

Esta maniobra ha provocado malestar entre las defensas de los investigados que han reclamado a la juez que se les multe por mala fe procesal. Según estipula la ley, estas sanciones ascienden a 1.200 euros si se presentan documentos o presuntos hechos nuevos con un evidente interés dilatorio.

Es importante recalcar que el escrito de Más Madrid y el PSOE contra el novio de Ayuso fue presentado tan sólo una hora antes de que se celebrase la vista acordada. El artículo 183 de la Ley de Enjuiciamiento Civil también prevé 600 euros de multa si hay que señalar una nueva vista como ocurrirá en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. La juez aún no ha señalado nueva fecha, si bien la instrucción estaba a punto de concluir, puesto que los investigados estaban dispuestos a pactar con la Fiscalía y contaban con el aval de la abogada del Estado.

El novio de Ayuso reclama

El novio de Ayuso también ha presentado una denuncia contra el PSOE por generar una nota de prensa en la que se revelan «información reservada y datos del expediente» de la investigación judicial. La denuncia solicita una sanción económica de 10.000 euros por la revelación del contenido del sumario a la directora de Comunicación del Consejo de Estado, que generó esa nota de prensa desde el ordenador del máximo órgano consultivo del Gobierno. También solicita una multa de 6.000 euros por la revelación del contenido de las actuaciones.

Se trata de la segunda vez que se filtran datos privados sobre esta causa en la que se investigan a ciudadanos particulares. La primera filtración ordenada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue denunciada por el abogado del novio de Ayuso y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). El Tribunal Superior de Justicia madrileño tiene abierta estas pesquisas y está tomando declaración a los fiscales involucrados en la nota aclaratoria sobre este caso y que podrían haber incurrido en un presunto delito de revelación de secretos.