Los profesores interinos que no acrediten el valenciano perderán sus plazas en 2021

El Gobierno de Mónica Oltra y Ximo Puig continúa la ofensiva lingüística dirigida a los docentes que imparten clases en centros escolares valencianos. Los profesores interinos que no acrediten estar en posesión del requisito lingüístico de valenciano, antes del curso escolar 2021-2022, quedarán excluidos de la bolsa de contratación pública.

Así lo recoge la moratoria de 4 años prevista para los integrantes de las bolsas de trabajo afectadas por la Orden 90/2013, de 6 de noviembre, de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Y que afecta a la catalogación con requisito lingüístico de valenciano de los puestos de trabajo del personal docente de los centros de enseñanza no universitaria no incorporados hasta la fecha.

En la orden 35/2018 de la propia Consejería, actualizada el pasado 22 de agosto, se amplía la materia a determinados puestos de trabajo que imparten las enseñanzas de régimen especial y otras disciplinas asimilables.

Aunque durante dicho período los docentes afectados por la falta de la titulación correspondiente podrán continuar accediendo a puestos adscritos al régimen de interinidad, se les aplicará una limitación expresa y no podrán solicitar traslados geográficos ni beneficiarse de movilidad en el marco de los centros públicos, excepto que el destino se encuentre en localidades de predominio lingüístico castellano.

Los propios interesados manifiestan a OKDIARIO que en el ámbito público se han reducido a más de la mitad en los últimos años, tras la llegada del bipartito al equipo de gobierno de la comunidad autónoma, los destinos disponibles en territoriales mayoritariamente hispanohablantes porque la promoción institucional prima el uso educativo del valenciano a todos los niveles, por lo que aunque la norma expresamente no prevé una reducción de derechos, ésta se estaría produciendo en la práctica.

Los docentes denuncian, además, a OKDIARIO la complejidad normativa y la constante producción legislativa en materia lingüística, lo que complica su actividad y discrimina en el acceso a las plazas públicas de enseñanza a aquellos docentes que no dispongan de la acreditación lingüística aunque sus trayectorias y formación específica sean mejores que los de sus compañeros valenciano parlantes.