Primera denuncia ciudadana contra Pablo Iglesias por «homicidio imprudente» en las residencias
El escrito también acusa al vicepresidente de los delitos de lesiones, omisión de socorro y prevaricación
Las residencias quedan fuera de la Comisión del coronavirus: "¿Queremos o no proteger a los mayores?"
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La primera denuncia ciudadana contra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, por su polémica gestión de las residencias de mayores ha sido presentada este viernes en el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla, en Madrid
El escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, acusa a Iglesias de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión de socorro y prevaricación y pide que la denuncia sea admitida a trámite y remitida al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del vicepresidente del Gobierno y diputado de Podemos.
Desde el mando único para el estado de alarma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, delegó en Pablo Iglesias la coordinación con las comunidades autónomas —competentes en éste ámbito— en la gestión de las residencias mayores durante la crisis del coronavirus. Sin embargo, la actuación de Iglesias ha sido más que cuestionada por la falta de medios en estos centros para combatir al virus. A día de hoy, el Ejecutivo socialcomunista sigue sin dar una cifra de las personas fallecidas en residencias durante esta crisis sanitaria.
En concreto, la denuncia va firmada por Miguel Pader, representante de la asociación ‘España No se Rinde’, que cuenta ya con el apoyo de 50.000 afectados por la negligencia del Gobierno de PSOE y Podemos en las residencias de mayores. Esta plataforma nace para que se puedan sumar a ella afectados por el drama de las residencias, los ERTES u otras situaciones adversas provocadas por el Gobierno socialcomunista donde sea necesaria la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
«Es evidente que la demora en el actuar implica la existencia de un nexo casual entre su imprudente omisión y el resultado producido, que ha sido el enorme número de fallecimientos que se han producido en las residencias de personas mayores», subraya el escrito. «El denunciado no adoptó medidas tendentes a medicalizar las residencias ni se adoptó medida eficaz alguna para impedir la propagación», remarca.
«La omisión de la adopción de medidas por el denunciado lo que provocó fue la propagación en mucho residentes, que si bien han superado la infección, lo cierto es que han requerido tratamiento médico y hospitalización para su sanidad, padeciendo en algunos casos secuelas pendiente de determinación, lo que evidencia que estamos ante el resultado típico, esto lesiones constitutivas de delito», prosigue la denuncia.
«El denunciado no adoptó medidas tendentes a medicalizar las residencias ni se adoptó medida eficaz alguna para impedir la propagación», remarca el escrito
Tales lesiones, incide el texto, son «consecuencia de las omisivas conductas» por parte de «quienes ha eludido ejecutar y desarrollar las más elementales normas de precaución, lo cual (…) supone una vulneración clara y flagrante del deber objetivo de cuidado que les incumbe», añade.
La denuncia contra Iglesias ha sido presentada «sin perjuicio de ampliarla posteriormente contra quienes se pudiera derivar responsabilidad penal en el transcurso de la fase instructora».
Cero autocrítica
En una comparecencia el jueves en el Congreso de los Diputados, el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 eludió su responsabilidad en la gestión de las residencias y pasó al ataque contra la oposición. «Reconozcan que las privatizaciones, que poner las residencias en manos de fondos buitres, que lo que hizo el PP con los recortes, ha colocado a las residencias en una situación enormemente precaria», esgrimió Iglesias, con cero autocrítica.
«No puede volver a suceder que se ataque algo tan fundamental como el bienestar de nuestros abuelos y abuelas, haciendo recortes, privatizando y condenando a los profesionales de cuidados a la más absoluta e indigna precariedad», enfatizó el vicepresidente escurriendo el bulto.
Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Vox María Ruiz Solás reprochó al vicepresidente del Gobierno que «no sea capaz de decir cuántos mayores han muerto en residencias» y que haya «dejado morir a miles de mayores sin recibir atención».
La diputada de la formación de Santiago Abascal rechazó que Iglesias tratara a toda costa de vincular su negligente gestión a supuestos recortes en la sanidad o en las residencias mayores, y recalcó que tales muertes se han producido porque «no se les ha llevado a los hospitales, porque les encerraron en las residencias», recordó María Ruiz a Iglesias. El pasado abril, Vox presentó denuncias en todas las fiscalías provinciales para investigar lo ocurrido en estos centros.
Excluidos
La dramática situación de las residencias salió a flote en la Comisión de Reconstrucción y Social del Congreso por la presencia de Iglesias, ya que el mando único (Sanidad, Interior, Defensa y Transportes) delegó en él la coordinación. Pero llama la atención que entre las decenas de comparecencias previstas inicialmente no figura representante alguno de este sector, como puede ser el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs).
«¿Por qué se ha excluido a los más afectados por la pandemia? Nos dicen que nos preparemos para un rebrote inminente y a la vez nos excluyen del proceso de reconstrucción. ¿Queremos o no queremos proteger a las personas mayores? Es como si no se hubiese aprendido nada. Lamentamos que no se pueda escuchar la voz del sector porque podemos aportar mucho para la reconstrucción y queremos hacerlo», ha lamentado CEAPs.
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