El primer paso para la extradición del fugado Carles Puigdemont se resolverá en septiembre
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá sobre el futuro del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en septiembre, según han informado a OKDIARIO fuentes de toda solvencia. Así, será después del verano cuando se desvele una de las mayores incógnitas: qué pasará con la extradición del político catalán fugado, pues la respuesta del TJUE es imprescindible para volver a activar la Orden de Detención y Entrega Europea (ODEE) que permitiría su detención y entrega a la Justicia española.
El magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, envió una cuestión de competencia al TJUE después de que el Parlamento Europeo levantara la inmunidad de Puigdemont y de los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí. El juez del Tribunal Supremo se vio obligado a realizar esta petición después de que las dos primeras instancias de la Justicia belga denegaran la extradición de Puigdemont. De hecho, sólo queda una instancia a la que acudir, el Supremo belga.
En su escrito al TJUE, Llarena pide que se determinen las razones por las que se puede rechazar una Orden de Detención y Entrega Europea (ODEE). Hasta ahora, Bélgica se ha negado a entregar a Carles Puigdemont, principalmente por dos motivos. El primero es que considera que se podría estar vulnerando su derecho a la presunción de inocencia. Y eso es así, según los belgas, porque el Tribunal Supremo español no es el órgano competente para instruir y juzgar lo sucedido el 1-O en Cataluña, sino el TSJ catalán.
Sin embargo, y contrariamente a lo sugerido por la Justicia de la capital comunitaria, el Tribunal Constitucional avaló, recientemente, la legitimidad del Supremo para llevar la causa del procés. A lo que hay que sumar que la Eurocámara no se ha creído lo dicho por Puigdemont, que básicamente es que en España hay una persecución política.
Llarena ha aprovechado estos dos acontecimientos recientes, y ha enviado lo dicho por el Constitucional al TJUE, que ahora deberá decidir. Además, el magistrado del Alto Tribunal también había pedido que el TJUE tramitara el procedimiento con urgencia, algo que ha sido aceptado tal y como ha adelantado El Confidencial, lo que acortará los plazos al mes de septiembre según las fuentes consultadas por OKDIARIO.
Y mientras todo esto espera a la respuesta del TJUE, a los magistrados se les viene encima otro problema encima: el indulto. La concesión de esta medida de gracia para los condenados del procés ya cuenta con el beneplácito de Podemos y de su líder Pablo Iglesias. Mucho más dividida está la parte socialista del Ejecutivo, pues dentro del Gobierno que preside Pedro Sánchez hay opiniones para todos los gustos. En cuanto a los informes, la Fiscalía del Supremo se ha opuesto, pero la Abogacía del Estado, aunque dice que es el Gobierno quien debe decidir, sí que ha informado de que el daño económico está reparado, lo que abre una vía hacia el indulto.
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