El presidente del Falcon pone a los jets privados bajo la lupa de Hacienda
El Gobierno de Pedro Sánchez pone el foco sobre los propietarios de aeronaves, a fin de perseguir el fraude fiscal y aflorar posibles "rentas ocultas".
Sánchez gasta 12.000 € y contamina como 300 coches diésel para llegar en Falcon a la cita con Iglesias
Dentro de su plan para prevenir el fraude fiscal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto el foco en la navegación aérea. Así, ha reforzado la coordinación con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para que Hacienda pueda disponer de información exhaustiva y actualizada del ‘parque’ de aviones privados para la inspección tributaria.
El convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se firmó en 2006, bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
El Ejecutivo socialista considera que es hora de renovar una colaboración que, opina, resultó «fructífera» en el deseo de «seguir obteniendo la información» que se recogía en el acuerdo.
El convenio busca obtener un «suministro estable y periódico» de la información contenida en el Registro de matrículas de aeronaves, que gestiona la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
En dicho Registro constan las aeronaves existentes en España y su matrícula, así como los datos técnicos correspondientes o información relativa a seguros, cargas y gravámenes, además de los posibles cambios de titularidad que se produzcan.
A por «rentas ocultas»
El Ejecutivo justifica que la información allí incluida «se considera de gran interés para la prevención y lucha contra el fraude fiscal, en particular, en relación con la posible comisión de fraudes». Además, con ello pretende «descubrir bienes y actividades que no han sido objeto de declaración» e investigar posibles «rentas ocultas» que «hayan podido financiar la adquisición de tales bienes». Por último, los datos servirán a Hacienda para «el cobro de deudas tributarias».
Por último, se señala que dicha cesión de información «no precisa del consentimiento de los interesados» en cuanto «es necesaria para el cumplimiento de una obligación legal».
Hacienda recibirá dicha información de forma trimestral y de igual manera deberá ser informada de cualquier baja que se produzca en el Registro. El convenio tiene una vigencia de 4 años.
El especial celo del Gobierno con los propietarios de aviones privados contrasta con el polémico uso que Sánchez sigue haciendo del Falcon o el helicóptero Super Puma.
Esta misma semana, el líder del PSOE recurrió de nuevo al avión oficial para regresar a Madrid, tras inaugurar el AVE a Granada. El coste estimado de dicho vuelo fue de 12.000 euros, además de su importante repercusión ecológica: una ‘huella medioambiental’ equivalente a 300 coches diésel.
Otra polémica que se une a las ya conocidas, como el viaje al Festival de Benicàssim para disfrutar de un concierto de su grupo favorito, a La Rioja para acudir a la boda de su cuñado, o el despliegue de medios aéreos para desplazarse a citas oficiales, como los Consejos de Ministros celebrados en Barcelona o Sevilla.
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