El PP sospecha de otras «instrucciones polémicas» en los consulados para nacionalizar masivamente

El PP sospecha de otras «instrucciones polémicas» en los consulados para nacionalizar masivamente y quiere escudriñar cómo el Gobierno de Pedro Sánchez está aplicando la controvertida Ley de Nietos y sus efectos, como las inscripciones en el censo electoral que han sido suspendidas por el Tribunal Supremo.

Los populares, según explican fuentes del partido, creen que, además de la instrucción de Sofía Puente de 2022 -la que amplió la nacionalidad no sólo a descendientes de exiliados políticos, sino también a familiares de emigrantes por razones económicas antes de la Guerra Civil-, puede haber otras órdenes o circulares en los consulados con visos de ilegalidad.

Por ello, esta cuestión ha sido incluida por el Grupo Popular de Alicia García en una moción de 13 puntos que será defendida en el Pleno de la próxima semana y que servirá para retratar al PSOE por el fraude de la Ley de Nietos.

En concreto, el punto sexto pretende que el Senado emplace al Gobierno a informarle sobre «los criterios empleados para la tramitación y resolución de los expedientes, incluyendo las instrucciones, circulares, notas interpretativas o criterios administrativos utilizados por los órganos competentes para aplicar la disposición adicional octava».

Asimismo, en la exposición de motivos, los populares recuerdan que «la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 estableció unos supuestos concretos de acceso a la nacionalidad española vinculados, entre otros casos, a descendientes de españoles que hubieran perdido o renunciado a su nacionalidad como consecuencia del exilio por determinadas razones». Sin embargo, añade el Grupo Popular, «apenas unos días después de la aprobación de la ley, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública -dirigida por Sofía Puente, hermanada del actual ministro de Transportes, Óscar Puente-aprobó una instrucción para establecer los criterios de aplicación de dicha disposición».

El problema surge, a juicio del partido de Alberto Núñez Feijóo, cuando «una instrucción administrativa deja de limitarse a interpretar la ley y comienza a producir efectos que pueden desbordar los supuestos expresamente establecidos por el legislador».

Además, los populares ponen de relieve que durante la tramitación parlamentaria de la norma se plantearon propuestas para ampliar este régimen a descendientes de españoles vinculados a la emigración económica, como, por ejemplo, defendió Podemos. Sin embargo, esas propuestas fueron rechazadas por las Cortes Generales, incluido el voto en contra del PSOE. «La voluntad del legislador, por tanto, fue clara», enfatizan las fuentes del PP.

De este modo, la moción del Grupo Popular en el Senado recoge que «una instrucción administrativa no puede sustituir al legislador ni crear por vía interpretativa derechos que las Cortes Generales decidieron no reconocer». «La jerarquía normativa constituye uno de los principios esenciales de nuestro Estado de Derecho y debe ser respetada también cuando se trata de una materia tan relevante como la adquisición de la nacionalidad española», indica el texto.

La nacionalidad, «un honor»

Las mismas fuentes de la dirección del PP subrayan que «la nacionalidad no es un trámite, sino un honor», al tiempo que aseguran que mantendrán la presión sobre este asunto tanto a nivel político como en el ámbito judicial.

Entretanto, los beneficiarios de la nacionalidad por la Ley de Nietos, a través de la Disposición Adicional Octava de dicha Ley de Memoria Democrática, deben acreditar verdaderamente que sus ascendientes fueron exiliados políticos para poder ejercer el derecho al voto, tras la suspensión cautelar de las inscripciones en el voto CERA decretada por el Tribunal Supremo el pasado septiembre.

En cuanto al argumento de la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, de que resulta imposible revisar 170.000 de estos expedientes -según las instrucciones del Supremo- antes del 1 de enero, las fuentes de Génova recalcan que «si se ha contratado a personal de refuerzo en los consulados para acelerar las nacionalizaciones, que ese mismo personal se destine ahora a revisar esos expedientes», apostillan.