El PP reactiva en el Congreso la investigación del uso de cámaras ocultas en los prostíbulos del suegro de Sánchez

El Partido Popular ha reactivado en el Congreso de los Diputados la investigación sobre grabaciones ilegales en las saunas del suegro de Pedro Sánchez usadas como prostíbulos. En concreto, según ha podido saber OKDIARIO, los populares han registrado la solicitud de los expedientes oficiales donde constan irregularidades sobre el funcionamiento de estos prostíbulos, como la instalación de cámaras ocultas. Unos informes que fueron archivados por la Agencia de Protección de Datos.

Así, el Grupo Popular en la Cámara Baja ha presentado un escrito -al que ha accedido OKDIARIO- dirigido al Gobierno, en este caso, al Archivo General de la Administración, donde reclama «copia de los expedientes completos de la Agencia Española de Protección de Datos, cualquiera que sea su forma de conservación, ya sea reproducción del original en papel o en formato digital, incluyendo las resoluciones de desestimación firmadas por su director, Sr. Rallo Lombarte, de 2010 y 2011, en relación con dos denuncias presentadas por la Policía Municipal de Madrid» sobre dos saunas del negocio del suegro de Pedro Sánchez. Artemi Rallo Lombarte es actualmente diputado del PSOE en el Congreso por Castellón.

Los populares del Grupo Parlamentario que capitanea Ester Muñoz subrayan que estas denuncias constataron, en una actuación inspectora de los locales, «la instalación sin la preceptiva autorización y sin cumplir los requisitos de información previstos en la ley, de cámaras de videovigilancia ocultas en las saunas Azul y Princesa en Madrid».

El escrito del partido de Alberto Núñez Feijóo -presentado por los diputados Cuca Gamarra, María Jesús Moro, Pedro Navarro, Pedro Muñoz Abrines y Óscar Clavell- señala, además, que «en virtud de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, tales documentos en ningún caso se han podido destruir al subsistir su valor probatorio de derechos de los afectados por esas grabaciones ilegales».

27 denuncias y 9 inspecciones

En el caso de la Sauna Princesa, ubicada en la calle Mártires de Alcalá junto a la céntrica calle Princesa, acumuló un total de 27 denuncias y 9 inspecciones por parte de la Policía Municipal, según un informe de la Dirección General de este cuerpo, durante sus más de dos décadas de funcionamiento. El establecimiento impulsado por la familia de Begoña Gómez posteriormente se transformó en un hotel.

El local, que funcionaba como sauna con servicios de prostitución, estaba inicialmente vinculado a Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, cambió de manos en diferentes ocasiones durante su trayectoria. En 2006, la empresa San Bernardo 36 SL –una de las que gestionaba la red de saunas– pasó a ser propiedad de Francisco Enrique Gómez Serrano, hermano de Sabiniano, según consta en el Registro Mercantil de Madrid. Posteriormente, en 2013, se produjo un nuevo traspaso a Ángel Prieto Paz, propietario de otros establecimientos similares.

Los archivos municipales de la época reflejan así multitud de incidencias relacionadas con este establecimiento en forma de denuncias y posteriores inspecciones policiales. Por ejemplo, las inspecciones realizadas entre 2003 y 2006 revelaron falta del seguro obligatorio de responsabilidad civil, salidas de emergencia bloqueadas, obras no autorizadas y mujeres durmiendo en instalaciones con graves deficiencias higiénico-sanitarias, según publicó OKDIARIO el año pasado a partir de documentos oficiales.

Estos locales operaban bajo licencias obtenidas mediante engaño, camuflando la actividad real de prostitución bajo la denominación de «sauna con servicio de bar». La Policía lo reflejaba así literalmente en sus actas: «Cinco habitáculos destinados a habitaciones con ducha donde se ejerce la prostitución».

En su caso, el establecimiento Sauna Azul, junto a la Gran Vía –con el suegro de Pedro Sánchez como titular–, recibió una visita policial en junio de 2004. El agente enumeró una cascada de incumplimientos. «El responsable de la actividad no presenta seguro de responsabilidad civil en vigor, lo cual, supone una infracción grave a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid», rezaba textualmente el documento oficial. Esta carencia dejaba desprotegidas tanto a las trabajadoras como a los clientes del establecimiento.

Otra deficiencia documentada era también especialmente preocupante para la seguridad de las personas. «La salida de emergencia con la que cuenta el local, carece de puerta antipánico, encontrándose ésta cerrada con cerrojo en el momento de la inspección, desembocando la salida al interior del portal de la finca colindante, el cual a su vez se encuentra igualmente cerrado», recogía el acta policial.

Además, la situación de la planta sótano era una situación especialmente grave. El documento describe que estaba «habilitada a modo de vivienda, contando con una habitación que tiene cuatro literas, comedor, cocina y baño».

Los agentes verificaron la presencia de trabajadoras residiendo en el local. «En el momento de la inspección se encontraban en el local tres mujeres que manifiestan vivir en la planta sótano del local y trabajar en el mismo como prostitutas, contactando con los clientes en el bar-salón del local y ocupándose en las habitaciones que se encuentran en la planta baja del mismo», constató la Policía.