El PP quiere que el Parlament admita en votación que «la mayoría de catalanes» no es independentista

El PP ha registrado en el Parlament una moción en la que pide que la Cámara constate que «la mayoría de los catalanes son contrarios a la ruptura de Cataluña con el resto de España» y que el independentismo no tiene legitimidad democrática, por lo que expresa la necesidad de garantizar los derechos de las personas que rechazan la independencia.

La moción, recogida por Europa Press y que se votará en el pleno del Parlament de la próxima semana, pretende que la Cámara declare que los partidos independentistas no consiguieron su objetivo en las elecciones autonómicas del 27S y que, «pese a no obtener una mayoría social favorable, han impulsado iniciativas políticas y parlamentarias que se sitúan fuera del marco legal y democrático».

La propuesta también contempla que las acciones parlamentarias que realizado los grupos independentistas sobre el proceso soberanista «han vulnerado en dos ocasiones los derechos fundamentales de la mayoría de los diputados de esta Cámara» y que han obviado el criterio del Consell de Garanties Estatutàries.

Asimismo, pretende que el Parlament manifieste que las instituciones representativas y el Govern deben de respetar el marco legal, y que la Constitución y el Estatut sólo se pueden reformar a través de las «vías previstas».

Por ello, la moción busca que la Cámara inste al Govern a «garantizar siempre que toda su actuación cumple con la Constitución, el Estatut, las sentencias y los pronunciamientos de los tribunales», y a que mejore la calidad democrática de sus actuaciones, sobre todo las relacionadas con el proceso independentista.

Decálogo de «baja calidad democrática»

Esta iniciativa se produce después de que en el pleno de la semana pasada, la diputada del PP Andrea Levy criticara al Govern por tener un «decálogo de baja calidad democrática», en el que incluyó diferentes episodios de la legislatura que considera que han vulnerado los principios democráticos.

Incluyó la reforma del reglamento del Parlament, el incumplimiento de los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries, las declaraciones del ex senador Santi Vidal sobre los datos fiscales de los catalanes y la ley de transitoriedad jurídica, entre otros aspectos.