PP, PSOE y C’s rechazan tramitar la ley de ERC para que sea legal insultar al Rey y quemar la bandera
El PP, el PSOE y Ciudadanos han rechazado este martes en el Pleno del Congreso la tramitación de una proposición de ley planteada por Esquerra Republicana (ERC) para despenalizar las injurias a la Corona y la quema de banderas.
El debate de esta iniciativa ha tenido lugar tan sólo unas horas después de conocerse la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a España a indemnizar a dos jóvenes catalanes que fueron condenados hace ahora 11 años por quemar una foto de los Reyes por considerar que se vulneró su libertad de expresión.
Sobre esa sentencia se ha basado buena parte de la intervención del portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, quien ha querido dejar claro que los hechos condenados en su día por la Audiencia Nacional —con una pena de prisión de 15 años que después fue sustituida por una multa de 2.700 euros— no fueron un ataque personal al Jefe del Estado, sino «una expresión simbólica de la crítica política legítima». «No es odio, es libertad de expresión», ha apostillado.
Prevalece siempre la libertad de expresión
La propuesta de los independentistas catalanes ha sido avalada por Unidos Podemos, PNV, PDeCAT, Compromís y Bildu, quienes han coincidido en apuntar que no se debería despenalizar estas conductas por muy despiadadas que puedan ser porque la libertad de expresión debe prevalecer sobre la censura.
No obstante, la iniciativa ha chocado con las críticas del PP, el PSOE y Ciudadanos, pero también de UPN y Foro Asturias, cuyos diputados echarán por tierra la pretensión de que las injurias al Rey dejen de ser un delito tipificado en el Código Penal.
El PP ha acusado a los de Joan Tardà de «demagogia» y de pretender derogar tipos penales sin «ningún rigor ni conocimiento jurídico», mientras que el PSOE ha censurado que, con su iniciativa, ERC no quiere despenalizar la crítica política, sino «convalidar» una forma de violencia.
Ciudadanos, por su parte, ha acusado a los separatistas catalanes de pretender legislar «en beneficio propio», es decir, para despenalizar actuaciones que sólo ellos «protagonizan» para «desarmar» la legislación española frente a quienes pretenden «pisotearla».
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