El complemento salarial era una de las medidas-estrella del programa electoral de Ciudadanos, y también del acuerdo que la formación naranja firmó el pasado agosto con el PP para la investidura de Mariano Rajoy.
Para los de Rivera, que esa propuesta se incluyese en el pacto significó un importante logro para hacer bandera de su negociación de las políticas sociales. El enunciado era, no obstante, lo suficientemente amplio como para ser acotado en función de la coyuntura. Se trataba de crear un impuesto negativo, un cheque al realizar la declaración de la renta, si el contribuyente cumplía con los requisitos estipulados.
Esos requisitos serán finalmente los que marquen el alcance de la medida, que podría quedar descafeinada si, como es intención del Partido Popular, en el primer año de su aplicación, 2017, se acotan al máximo los posibles beneficiarios. Según la propuesta, aún no cerrada, la idea sería que a esa ayuda optasen únicamente los menores de 30 años con trabajos «inestables». Esto es, explican fuentes próximas a las conversaciones, empleados que en el último año hayan tenido distintos empleos y de corta duración. «Trabajos de entrada y salida», resumen. Este será el criterio esencial, más allá de los umbrales de renta que pudieran fijarse en su momento.
El complemento salarial incluido en el programa del partido naranja tenía un coste de alrededor de 7.000 millones de euros, 1.300 en el primer año y 2.100 en los tres siguientes. La intención inicial era que ese complemento llegase a más de 2 millones de hogares.
No obstante, los próximos Presupuestos destinarán un total de3.850 millones de euros a las políticas sociales, 1.150 menos de lo que inicialmente exigía Ciudadanos, lo que llevará a un inevitable esfuerzo de reajuste.
El complemento salarial se convierte así en la primera ‘víctima’ en unas Cuentas Públicas que avanzan al nivel de conversaciones informales, y muy condicionadas por la cifra del déficit (3,1 por ciento) comprometido con Bruselas.
Aunque la intención del Gobierno es financiar ese complemento vía Presupuestos, otra de las opciones sería la de recurrir a los fondos europeos de la Garantía Juvenil. Esa posibilidad obligaría en cambio a reconfigurar aún más el sentido de la ayuda, ya que el plan, diseñado por Bruselas, exige al beneficiario no estar estudiando ni trabajando. El objetivo es asegurar que los jóvenes de entre 15 y 24 años puedan acceder a un empleo, unas prácticas o una nueva formación en el plazo máximo de cuatro meses después de haber acabado sus estudios. Poco o nada que ver con la esencia del complemento salarial.
Ese plan ha tenido un impacto reducido en España. Según un informe publicado por la Comisión Europea en octubre de 2016, nuestro país se sitúa en tercer lugar en la lista con peores resultados, con una cobertura de apenas uno de cada diez jóvenes que no estudian ni trabajan y únicamente superada por Malta (6%) y Hungría (3%). Los datos contrastan con el alcance del programa en otros Estados miembros como Francia, donde llega al 80 por ciento de la cobertura, o Alemania donde se ha llegado al 60%. España es sin embargo el país con más fondos asignados -casi 1.900 millones- para un plan del cual se han beneficiado 277.000 jóvenes.
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