El PP exige al Congreso parar el Babel de Armengol por «desactivar» el castellano como «idioma oficial»

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 20/09/2023 18:55
  • Actualizado: 20/09/2023 19:09

El PP ha registrado este miércoles una enmienda de totalidad a la proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso impulsada por el PSOE y sus socios separatistas, nacionalistas y proetarras para imponer el el uso exclusivo del catalán, el euskera, el gallego, el valenciano y el aranés. En el texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Grupo Popular rechaza esta reforma al considerar que «el idioma oficial del Congreso de los Diputados es el castellano» y que los partidos proponentes pretenden «desactivar» dicha oficialidad, contenida en el artículo 3.1 de la Constitución.

Así, los populares denuncian en su iniciativa -que será debatida y votada este jueves en el Pleno de la Cámara baja- que la reforma no nace de la vocación de acuerdos que deben presidir cualquier modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados, sino de los acuerdos «adoptados por un grupo político con grupos minoritarios, con el único objetivo de recabar los apoyos necesarios para obtener la presidencia del Congreso, y para una eventual investidura de Pedro Sánchez», actual jefe socialista del Ejecutivo en funciones.

De esta manera, el PP exige al Congreso que se mantengan el texto del Reglamento, tal y como estaba con carácter previo a esta iniciativa. En la exposición de motivos de la enmienda a la totalidad, suscrita por su portavoz, Cuca Gamarra, el Grupo Popular remarca que que la oficialidad del castellano implica que «es el idioma de comunicación entre los poderes públicos y de los ciudadanos ante ellos en el conjunto del Estado, en todo el territorio nacional».

Las demás lenguas de España, añaden los populares, citando el artículo 3.2 de la Constitución, son también oficiales «en las respectivas Comunidades Autónomas», es decir, que la «consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio de la correspondiente Comunidad Autónoma, incluyendo a los órganos de la Administración del Estado», enfatizan.

Ubicación

«Como el Congreso de los Diputados no se ubica, radica ni ejerce sus funciones en el territorio de alguna Comunidad Autónoma cuyo estatuto haya designado alguna lengua como cooficial con el castellano, la lengua oficial del Congreso de los Diputados es el castellano», explica el PP. Por ello, «ninguna lengua que sea cooficial en alguna Comunidad Autónoma puede ser lengua oficial de la Cámara baja», sentencia el grupo del candidato a la investidura y ganador del 23J, Alberto Núñez Feijóo.

Para los populares, «la imposibilidad constitucional de dotar a las lenguas españolas cooficiales de los efectos de lenguas oficiales del Estado no pugna con el especial respeto y promoción que predica el artículo 3.3 de la Constitución».

En este sentido, el Grupo Popular afirma que la Carta Magna no ha diseñado un sistema de cooficialidad de todas las lenguas españolas en todo el territorio de España, por lo que la proposición de reforma de Armengol, Sánchez y sus socios «atribuye a las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas los efectos propios del estatus de cooficiales en el Congreso, chocando con el artículo 3.1 y 3.2 de la Constitución».

«Desplazamiento»

Este hecho, a juicio del Grupo Popular, supone un «desplazamiento» del castellano como lengua oficial del Estado que «el uso de traducciones no lo impide, ya que se trata de algo de carácter operativo». La enmienda destaca aquí que «la oficialidad del castellano en todo el Estado ordenada por el artículo 3.1 de la Carta Magna no se satisface con la traducción de una intervención o documento al castellano, sino con la utilización del castellano como única lengua oficial de la Institución».

Además, el PP advierte de que en la reforma de Sánchez y sus aliados «no se regulan los procedimientos y mecanismos de traducción e interpretación al castellano que posibiliten el adecuado entendimiento por los diputados y por los ciudadanos a quienes representan».