El pacto refuerza el gasto social y la lucha contra la corrupción

Los equipos negociadores del PP y Ciudadanos han trabajado hasta bien entrada la noche para que Mariano Rajoy y Albert Rivera puedan firmar este domingo un pacto de investidura que sumaría los 169 escaños de ambas formaciones. La mayoría absoluta para garantizar la reelección de Rajoy como presidente del Gobierno está fijada en 176 escaños.

El borrador del acuerdo incrementa el gasto social en más de 5.000 euros al año, refuerza las medidas contra la corrupción, simplifica el mercado laboral y avanza en la despolitización de la Justicia.

A lo largo de la jornada del domingo, las delegaciones de ambos partidos han negociado los últimos flecos del acuerdo telefónicamente. Según distintas informaciones, Mariano Rajoy y Albert Rivera se habrían reunido en la tarde del sábado en La Moncloa para desbloquear el acuerdo y facilitar la firma del documento, prevista para este domingo por la mañana en el Congreso de los Diputados.

El PP seguirá trabajando entonces para intentar sumar el apoyo de otras fuerzas políticas, aunque el principal escollo sigue siendo el PSOE, ya que Pedro Sánchez se ha reafirmado en que los socialistas en ningún caso se abstendrán para evitar unas terceras elecciones.

Un «impuesto negativo»

El principio de acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos incluye el compromiso de destinar a gasto social 29.000 millones de euros a lo largo de los próximos cuatro años (5.000 millones en 2017 y 8.000 euros en cada uno de los tres ejercicios siguientes, según ha concretado el diario La Razón).

Aunque la letra pequeña matiza estas cifras, ya que condiciona el gasto a la existencia de ingresos adicionales para cumplir el compromiso de déficit público con Bruselas. Además de impulsar un plan contra la pobreza infantil, se implantará un complemento salarial para las familias con menos recursos. Esta última medida se podría articular en forma de un «impuesto negativo», en la liquidación del IRPF, o bien mediante un cheque anual o trimestral.

Sólo tres tipos de contratos

En el terreno económico, durante las últimas horas han trascendido otros dos puntos del acuerdo. El mercado laboral se simplificará y quedará reducido a tan sólo tres tipos de contratos. Ciudadanos quería ir más lejos y defendía la fórmula del contrato único, con indemnización progresiva en función del tiempo trabajado.

Por otro lado, el PP ha aceptado recuperar los 2.800 millones de euros perdonados a los defraudadores que se acogieron a la última amnistía fiscal, que se beneficiaron de un tipo impositivo de tan sólo el 3% en las cantidades de dinero negro que afloraron.

Despolitizar la Justicia

Pero la lucha contra la corrupción y la reforma de la Administración de Justicia son dos de los pilares del pacto de investidura. Como adelantó OKDIARIO, el PP está decidido a eliminar por completo los más de 17.600 aforamientos de cargos públicos que existen actualmente, prohibir expresamente los indultos a condenados por corrupción –una medida que en la práctica ya se aplica desde que Rafael Catalá ocupa la cartera de Justicia– y obligar dimitir a los cargos públicos investigados por corrupción cuando el juez dicte la apertura de juicio oral contra ellos.

PP y Ciudadanos también han acordado que 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos directamente por los jueces, sin intervención de los partidos políticos. Además, se endurecerán los requisitos para que los jueces que entren en política puedan regresar a la judicatura.

Custodia compartida en los divorcios

Por otro lado, se equipararán los permisos de paternidad y maternidad, y se establecerá la custodia compartida de los hijos en los casos de separación y divorcio, aunque el juez siempre tendrá la última palabra en atención a las condiciones personales de cada caso.

El pacto de investidura que Rajoy y Rivera tienen previsto firmar este domingo también incluye un paquete de medidas de reforma de las instituciones. El PP no ha accedido a eliminar las Diputaciones provinciales, como pretendía Ciudadanos, pero se ha comprometido a recortar sus gastos superfluos.

Reformar la Ley electoral

Por otro lado, ambos partidos han acordado reformar la Ley Electoral para facilitar la elección directa de los alcaldes: o bien el cabeza de la lista más votada se convertirá automáticamente en regidor, aunque no tenga mayoría absoluta, o bien se establecerá una segunda vuelta en las elecciones legales.

Al tratarse de una Ley Orgánica, la reforma del régimen electoral precisa una mayoría cualificada en las Cortes, por lo que para que prospere esta propuesta deberá contar con el apoyo del PSOE.