España

El PP contradice el acuerdo con C’s: la expulsión de políticos sólo será cuando se abra juicio oral

El Partido Popular pone matices a otra de las exigencias que firmó con Ciudadanos el pasado agosto para la investidura de Mariano Rajoy: la que implica la «separación inmediata de los cargos públicos que  hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial».

Esa es la condición literal de ese acuerdo. No obstante, aunque desde el Gobierno están decididos a respetarla, desde el PP fijan esa separación en la apertura de juicio oral, y no únicamente en el momento de la imputación.

Así se recoge, de hecho, en los actuales Estatutos-aprobados en el congreso de Sevilla de 2012- y mantenerlos tal cual es la intención de los populares de cara a su nuevo cónclave, que se celebrará el próximo febrero. En medios del PP se rechaza la intención de elevar el nivel de exigencia a los futuros reglamentos, que coordina el vicesecretario de Organización Fernando Martínez Maíllo. Argumentan que el acuerdo con Rivera «no es un pacto que vincule el funcionamiento interno de los partidos» y por ello, siguiendo los procedimientos, cualquier cambio habría de ser refrendado en ese nuevo congreso.

Así pues, el partido seguirá defendiendo la apertura de juicio oral como momento clave para que un cargo sea expulsado. Una decisión, consideran, «que en ocasiones puede ser injusta por tardía o temprana» pero que, en todo caso, resulta más garantista para el investigado que lo recogido en el pacto con Rivera.

Trasladado a la vida interna del partido, esto implicará que a un cargo que resulte investigado en un proceso por corrupción no se le retirará de militancia hasta que no se abra el correspondiente juicio oral.

De esta forma, Rajoy trata de preservar los propios códigos internos del PP ante las posibles «injerencias» de otras formaciones, y templar un debate que, considera, debe hacer compatible la disciplina con el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Una discusión compleja que el partido quiere plantear con las debidas cautelas, y sin la presión de un acuerdo suscrito hace meses y en tiempo récord.

De hecho, y aunque el pacto con Ciudadanos obliga a precipitar las dimisiones, el propio Rajoy defendió en campaña que la dimisión y suspensión de militancia se produciría solo con la apertura de juicio oral.

Las diferencias de interpretación provocan sin duda una situación paradójica, más aún teniendo en cuenta que algunos dirigentes autonómicos, como Cristina Cifuentes, sí acepta la expulsión de militancia en el mismo momento de la imputación.

El asunto genera un fuerte debate en el partido, y el ejemplo más reciente se vio tras la muerte de Rita Barberá: la senadora recibió distintas presiones para que abandonase su militancia después de ser investigada, lo que provocó que el partido se cuestionase la exigencia ante sus miembros.