Los policías ante el protocolo de Marlaska contra los okupas: «Es humo sin instrucciones claras»

El sindicato JUPOL considera que el protocolo de actuación contra la okupación del ministerio del Interior es una «venta de humo sin unas instrucciones claras para que sepamos qué hacer en cada situación». Es la primera reacción del sindicato mayoritario de la Policía Nacional tras el documento difundido ayer por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Para JUPOL, no hay nada nuevo en la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad. «Es una recopilación de lo que ya sabíamos, de lo que ya existe para este tipo de intervenciones. No aporta nada, ni mejora en nada la operatividad de los agentes de la Policía Nacional» ante los distintos supuestos relacionados con la okupación.

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional cree que es «una instrucción global, pero que no ofrece un modo de actuación concreto sobre el terreno» y que no deja claro qué tienen que hacer los agentes de la Policía Nacional cuando llegan a un inmueble ocupado. Para JUPOL, la Instrucción es absurda porque «sigue requiriendo la colaboración de los okupas para poder acceder y recuperar el domicilio ocupado».

Según este sindicato, es «un parapeto», una medida que «no aporta nada nuevo» y «un intento de maquillar la inacción del ministerio del Interior y del Gobierno de España ante el alarmante crecimiento de la ocupación ilegal de viviendas».

JUPOL reclama además modificaciones en el ordenamiento jurídico para este tipo de delitos. La instrucción tampoco otorga-señalan fuentes del sindicato- la protección jurídica que necesitan los agentes de la autoridad. «La instrucción nos genera más dudas. Se han limitado a hacer una simple recopilación de toda la tipología penal y sanciones administrativas que hay. Queremos órdenes claras para intervenir en cada situación concreta», señala Pablo Pérez, portavoz de JUPOL.

El llamado «Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles» hace una clara distinción entre el supuesto de allanamiento de morada y el de usurpación. Dedica varios párrafos al allanamiento de morada, sea primera o segunda residencia, y apenas dos párrafos a la usurpación.

En el caso del allanamiento de morada, la Instrucción 6/2020 señala que, sea persona física o jurídica, en caso delito flagrante los okupas podrán ser desalojados inmediatamente sin necesidad de medidas judiciales. Los policías podrán entrar en la casa por la fuerza, detener a quienes estén dentro, tomar pruebas y restituirla inmediatamente a sus propietarios.

Caso distinto es el supuesto de usurpación de un inmueble «sin uso o dedicado al alquiler, pero sin inquilinos», dice la instrucción de Interior. Si no ha habido «violencia o intimidación», no se puede desalojar -señala- porque «prima el derecho a la inviolabilidad del domicilio frente al derecho de propiedad del titular». Estadísticamente, este es el caso del mayor número de ocupaciones de inmuebles. Las mafias conocen perfectamente los huecos legales.

Las propias y distintas interpretaciones que se han dado desde ayer de la instrucción muestran -según fuentes policiales- que dicha instrucción no deja claro qué deben hacer los policías en cada situación concreta. «Seguimos en un limbo sobre todo los casos de usurpación, que son la mayoría».

Llama la atención que, en apenas unos días, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan dictado sendas instrucciones contra un problema que, según el gobierno, se está exagerando públicamente o no existe. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no solo lo negó esta semana en el Congreso, sino que hizo apología de la okupación alegando que los inmuebles que se ocupan no son casa de particulares «sino de bancos y entidades». «El problema de la vivienda en España -dijo Iglesias- no es la okupación, es el precio de los alquileres, es la especulación y es que, por la inacción de los gobiernos del PP, los fondos buitres son el principal casero».

Las órdenes dadas por la Fiscal General, Dolores Delgado, coinciden en la misma línea de las del ministro Grande-Marlaska, y responden al discurso político de Iglesias. Centrarse en el allanamiento de morada y agilizar los desalojos, pero no en el caso de la usurpación.

La Fiscalía reconoce que los bienes jurídicos tutelados en cada caso requieren de «una protección reforzada: la intimidad de la persona referida al ámbito de la morada, en el allanamiento, y el patrimonio inmobiliario, entendido como el disfrute pacífico de los bienes inmuebles, la ausencia de perturbación en el ejercicio de la posesión, el dominio o cualquier otro derecho real o personal sobre los mismos, en la usurpación». Pero las instrucciones que da la Fiscalía General para agilizar los desalojos, como las del ministerio del Interior, se centran en el derecho a la intimidad (allanamiento) y no en el derecho a la propiedad (usurpación) donde, prácticamente, nada cambia.