Podemos ya es casta: renuncia a poner coto a los privilegios económicos de los diputados

Pablo Iglesias ha prescindido de algunas de sus medidas estrella para firmar el acuerdo del Gobierno socialcomunista. O, al menos, según lo que PSOE y Podemos revelan en el pacto de su «coalición progresista» y que han denominado «Un nuevo acuerdo para España». Es el caso de los «privilegios de los cargos electos». 

Se trata de una reclamación siempre presente para Podemos, y plasmada así en su programa para el 10-N: «Acabaremos con los privilegios de los cargos electos (diputadas, diputados, senadoras y senadores), tanto de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus respectivos mandatos. Asimismo, rebajaremos las retribuciones de los miembros electos de las Cortes, de manera que en ningún caso sea superior a la de los cuerpos de funcionarios del Estado, y revisaremos los complementos económicos (gastos de representación, libre disposición, indemnizaciones, etcétera). Estableceremos mecanismos de control de las dietas y los desplazamientos y eliminaremos las indemnizaciones por cese, las llamadas ‘pensiones de oro’ de los exparlamentarios, de modo que sus derechos sean como los del resto de las personas trabajadoras». Así lo recogía el partido de Pablo Iglesias en la propuesta con la que concurrió a las elecciones del 10-N.

Aforamientos

Sin embargo, en el programa pactado por PSOE y Podemos no hay rastro de esa medida. El privilegio que sí prometen «limitar» es el de los aforamientos políticos, que acotarán «al ejercicio de la función por parte del cargo público». Una medida que también supone un ‘retroceso’ para Iglesias que, en su día, prometía «suprimir» esta protección judicial, además de acabar con la «irresponsabilidad del Rey» (algo que ahora no menciona).

«La proliferación de la figura de los aforamientos no ha tenido nada que ver con la protección de los representantes públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a algunos de sus miembros. Por eso, iniciaremos una acción articulada para la supresión de aforamientos desde las comunidades autónomas y el Estado», reza en concreto el programa electoral de Podemos.

En noviembre del año pasado, el Gobierno socialista llegó a aprobar en Consejo de Ministros una propuesta de reforma constitucional para limitar los aforamientos de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores al ejercicio del cargo. Podemos consideró la propuesta descafeinada, ya que dejaba fuera acabar con la condición de aforado del rey emérito. Los de Iglesias quieren además aprovechar toda reforma de la Constición para hacer una consulta a la ciudadanía sobre la Carta Magna.

Nada de esto se incluye ahora en el programa de Gobierno. Sánchez e Iglesias sí hablan, por ejemplo, de regular «de manera más efectiva las condiciones de incompatibilidad» de los cargos públicos con respecto a las actividades privadas. Ello, pese a que ambos dirigentes recibieron o reciben ingresos por dichas actividades: Sánchez, por su libro ‘Manual de Resistencia’ (declaró 16.666 euros por ese contrato) e Iglesias, también por derechos de autor y sus programas de televisión. En el pacto se avanza también uan reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno «sobre la base de la experiencia acumulada». 

En este contexto, cabe recordar que Sánchez habría incumplido la ley vigente con la publicación de su libro, ya que no informó, en su declaración oficial, del contrato con la editorial.

Los altos cargos del Estado están obligados por ley a una «dedicación exclusiva», aunque la norma sí admite excepciones. Según La Ley del Alto Cargo, que rige los conflictos de interés e incompatibilidades de los miembros del Gobierno: «El ejercicio de un puesto de alto cargo será sólo compatible con las siguientes actividades privadas y siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función». Entre las actividades autorizadas sí se recogen las de «producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas» pero «siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes», algo que no se cumpliría ni en el caso de Sánchez ni tampoco en el de Iglesias.