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Elecciones Europeas

Podemos quiere crear ‘Comisiones de la Verdad’ para «reconocer» la «persecución» a los inmigrantes

Podemos propone crear 'Comisiones de Verdad y Reconciliación' para "reconocer la persecución y el repudio sistemático", entre otros, de la población inmigrante.

Podemos propone crear  ‘Comisiones de Verdad y Reconciliación’ para «reconocer la persecución y el repudio sistemático», entre otros, de la población inmigrante. Otros colectivos que serán objeto de la ‘reparación’ por parte del partido de Pablo Iglesias serán la población «roma, judía y afro».

La medida figura en el programa de la formación para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, y bajo el epígrafe ‘A la vanguardia de los derechos y libertades’. 

En ese contexto, Podemos propone impulsar «una política europea de memoria democrática» para, afirma, «acabar con las situaciones de impunidad y de haber dado la espalda a su historia que se dan en algunos Estados, como ocurre en España».

«Esta política seguirá un enfoque de derechos humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y no repetición (garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño). Asimismo investigará las ventajas económicas ilegítimas de las que disfrutaron las jerarquías de regímenes como el franquista», prosigue el documento.

En el mismo apartado se incluyen otras propuestas de temática diversa, como la despenalización del cannabis y su legalización «con fines medicinales», así como la regulación de los clubes en los que se ofrece, o el «derecho a morir con dignidad en toda Europa».

La ‘Comisión de la Verdad’ de Sánchez

Podemos quiere extender así el concepto de ‘Comisión de la Verdad’ que, por ahora, se ha aplicado únicamente a la Guerra Civil y el franquismo.

El organismo fue recogido, en concreto, en la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero, y se mantiene como tal en la última reforma del PSOE.

El organismo, que se presenta como un “órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido”, tiene como objetivo establecer una interpretación de la historia, en la que se basarán después otras medidas y sanciones recogidas en la Ley.

Los resultados de los estudios que les serán encomendados basarán sus conclusiones en la recogida de testimonios y material gráfico entre 1936 y 1978 -desde el comienzo de la Guerra Civil y hasta la aprobación de la Constitución- y contribuirán a la «construcción colectiva de la memoria democrática española», se dice en el documento.  Todos ellos serán remitidos al Congreso de los Diputados para su aprobación y tendrán carácter vinculante.

El comisionado, como plantean los socialistas, está integrado por once miembros que serán nombrados por el Parlamento, de los cuales 3 serán a propuesta de ambas cámaras (Congreso y Senado); 2 a instancias del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Consejo General de la Abogacía; 1 designado por el Consejo de Universidades; 3 más a propuesta de las asociaciones de víctimas; y, los dos restantes «expertos internacionales propuestos por el Grupo de Derechos Humanos de Naciones Unidas».

La creación de esa Comisión es una de las prioridades del actual Ejecutivo y su intención, como admitió el propio Sánchez, es «acordar una versión de país» de lo que ocurrido durante la Guerra Civil  y la dictadura de Francisco Franco.

En sus conclusiones se basarán, por ejemplo, algunas propuestas polémicas de la Ley de Memoria Histórica, como los incentivos para la elaboración de material didáctico sobre dicho período histórico. O la «estrategia y pedagogía» para funcionarios públicos, que ‘adoctrinará’ a  miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario, abogados, procuradores y otros profesionales «que, en el desempeño de sus funciones, se relacionen con víctimas».