PNV y PSOE destinan 15 millones a la agencia de reinserción de la que se beneficiarán 66 etarras

El Gobierno de PNV y PSOE en el País Vasco ha destinado un total de 15 millones de euros a su agencia de reinserción, de reciente creación y de la que se beneficiarán por ahora 66 presos etarras  que se encuentra actualmente en cárceles vascas, gestionadas desde el pasado 1 de octubre por el Ejecutivo autonómico. Una cifra que puede aumentar en los próximos meses si se producen más acercamientos.

Esta es la cuantía económica prevista en los Presupuestos regionales elaborados por el Gobierno bipartito para el próximo ejercicio de 2022. La denominada ‘Agencia Vasca de Reinserción Social-Aukerak’ fue aprobada por el Parlamento vasco el 30 de septiembre, un día antes de la transferencia de prisiones al País Vasco, con los votos favorables de PNV, PSE, EH Bildu y Podemos, y en contra de PP, Ciudadanos y Vox.

La oposición criticó que esta agencia, que «se encargará de garantizar el derecho a trabajar de los reclusos», supondrá otro privilegio más para los presos de ETA con la vista puesta en su excarcelación. «La Agencia Vasca de Reinserción Social se configura como un medio instrumental flexible y versátil encaminado a facilitar segundas oportunidades por medio de la formación e inserción laboral. Un modelo no basado en la mera ocupación durante el cumplimiento de la pena, sino definiendo itinerarios de integración socio-laboral», defendieron por su parte los nacionalistas vascos de Íñigo Urkullu.

En su comparecencia el pasado jueves en la comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento vasco, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal (PNV), destacó que el principal cambio en estas nuevas cuentas es «la ambiciosa incorporación» de la nueva transferencia de gestión de instituciones penitenciarias, que su departamento asumió hace un mes. «En este presupuesto hemos intentado reflejar con el mayor rigor posible las necesidades que hemos ido detectando en este escaso tiempo que hemos tenido para conocer en profundidad la realidad de los tres centros penitenciarios de Euskadi», señaló.

Entre las principales novedades, según relató Artolazabal, se destinarán dos millones de euros al incremento de los recursos habitacionales, bien sea en compra o en régimen de alquiler, para «potenciar el modelo penitenciario vasco, facilitar el tratamiento de las personas penadas y evitar que se demore su paso a una situación de semilibertad».

Prácticamente un 53% del presupuesto de su departamento, casi 280 millones de euros, lo manejará la Viceconsejería de Justicia, que tiene la competencia de las prisiones en el País Vasco. Un total de 70 millones se destinarán a las cárceles de esta comunidad, con más 30 millones para el capítulo de personal y otros 40 para programas e inversiones de gestión penitenciaria.

Ocho de cada diez

A fecha del pasado 30 de septiembre, cuando se produjo la materializó la transferencia de Prisiones al País Vasco, ocho de cada diez presos etarras en España (145 de 184, además de 22 en Francia) cumplían condena en cárceles del País Vasco o alguna de las seis provincias cercanas (Navarra, Cantabria, La Rioja, Burgos, Soria y Zaragoza). En concreto, en las tres cárceles del País Vasco eran 66 los terroristas internos, casi la mitad de ellos en Álava. Los 79 presos etarras restantes se repartían por dichos centros próximos, fundamentalmente de La Rioja y Cantabria.

Desde este año ningún etarra cumple condena al sur de Madrid. La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 y de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior suma 272 traslados correspondientes a 203 etarras, 73 de ellos autorizados para ir al País Vasco -de los que se han materializado 63-, así como otros 17 a cárceles de Navarra. Estos acercamientos llevan implícita la progresión desde el primer grado o régimen cerrado, esto es, el más estricto, hasta el segundo grado o régimen ordinario.

Para 25 presos etarras, el 12,3% de los presos trasladados de cárcel, Interior ha optado por la clasificación en tercer grado o semilibertad, entre ellos siete con delitos de sangre: Aitor Bores, José Ramón Foruria, Sebastián Echániz, Jesús María Martín Hernando, Ibon Etxezarreta, Luis María Carrasco y Mikel Arrieta Llopis.

En cuanto al listado de los 11 presos de ETA que han alcanzado la libertad condicional desde que Sánchez es presidente es la siguiente: Aitor Bores, José Ángel Ochoa de Eribe, Gorka Fraile, Yagoba Codo, José Ramón Foruria, Fernando Alonso Abad, Oier Urrutia González, Anton Troitiño, Urko Labeaga García, Idoya Martínez García y Javier Aguirre, según informa Ep.