Pleno del TC para decidir si multa a los miembros de la sindicatura electoral del referéndum ilegal

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto abordar entre este miércoles y el jueves su respuesta a los miembros de la Sindicatura creada por el Parlamento de Cataluña para ejercer a modo de junta electoral de cara al referéndum ilegal del próximo 1 de octubre. Por primera vez, se aborda la posible imposición de multas en caso de que estas personas ignoren las resoluciones de este órgano.

Los magistrados también tienen sobre la mesa resolver sobre el fondo de los incidentes de ejecución presentados por el Gobierno y ya admitidos a trámite por la forma en la que se tramitaron y aprobaron la ley de referéndum y la de transitoriedad jurídica que el Gobierno catalán plantea aplicar un día después de la consulta ilegal, han informado a Europa Press fuentes de este órgano.

La semana pasada el tribunal de garantías pidió a los cuatro miembros de la sindicatura electoral que informaran de cómo estaban cumpliendo con la suspensión de la consulta. En base a dicha petición, los magistrados podrían abordar ahora medidas como la imposición de multas en caso de desobediencia por parte de estas personas.

Las multas son una atribución con la que el tribunal ya contaba antes de la última reforma de su Ley Orgánica —dirigida a mejorar los instrumentos para que el TC haga cumplir sus resoluciones—, si bien dicha reforma supuso elevar la cuantía de las mismas.

En la providencia en la que se admitió a trámite el recurso del Gobierno contra el nombramiento de los miembros de la Sindicatura ya se les instaba a abstenerse «de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación y de la creación de ningún registro o fichero necesarios para la celebración del referéndum». Sin embargo estos nombramientos fueron realizados.

Son objeto de querellas

La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge, que deberán informar ahora de sus actividades al tribunal de garantías. Contra todos ellos ya se ha querellado la Fiscalía y el procedimiento penal está pendiente de admitirse a trámite por la Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, María Concepción Cantón.

La fiscal considera que los querellados han realizado actos de ordenación, regulación e impulso de un proceso electoral previsto en una ley previamente suspendida por el Tribunal Constitucional y amparándose en un nombramiento igualmente suspendido constitucionalmente, «careciendo así de toda facultad o habilitación para el desempeño de las funciones que se atribuyen».