Una plataforma vecinal denuncia a Carmena por prevaricación tras regularizar 87 pisos okupados

La plataforma de vecinos ‘Madrid Lo Vale’ ha decidido presentar una denuncia para llevar al Ayuntamiento de Manuela Carmena ante los tribunales por regularizar las usurpaciones. Tal como adelanta OKDIARIO, este martes los representantes de esta asociación presentan en los Juzgados de Plaza Castilla una denuncia contra los representantes de Ahora Madrid y PSOE en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

La denuncia va contra la teniente alcalde, Marta Higueras; el concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo; el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, la edil del PSOE Mercedes González junto al consejero delegado de la EMVS. Todos ellos forman parte de la dirección de la sociedad pública que permitió la regularización de 87 okupaciones por la fuerza.

En el texto de 14 páginas, al que ha tenido acceso en primicia este diario, se detalla que «de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se pone en conocimiento los siguientes hechos, y por si los mismos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de PREVARICACIÓN Y / O DESOBEDIENCIA tipificados, respectivamente, en los artículos 404 y siguientes y 410 del Código Penal».

Denuncian que el pasado día 13 de septiembre de 2016, se decidió con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE en la EMVS que se dictara una resolución acordando los “criterios para la regularización de situaciones de ocupación de viviendas sin título suficiente, de la EMVS o cedidas a ella”.

Por su parte, los consejeros Borja Fanjul (Partido Popular) y Mariano Fuentes Sedano (Ciudadanos) mostraron su oposición al acuerdo. Es por ello que, tras estudiarlo, la plataforma vecinal ha decidido no actuar contra ellos. No obstante, cargan contra estos grupos municipales por no haber emprendido acciones legales.

Madrid Lo Vale ha solicitado la anulación provisional del acuerdo del Consejo de Administración de la empresa pública del 13 de septiembre como medida cautelar. Además piden paralizar el proceso de regularización iniciado con este acuerdo. Sostienen que resulta «contrario al ordenamiento jurídico y resulta lesivo para los numerosos solicitantes de vivienda de protección inscritos en el Registro de la EMVS», es decir, más de 9.000 familias.

La impulsora de esta medida es una entidad sin ánimo de lucro constituida para defender a los vecinos ante los incumplimientos de las administraciones municipales y autonómicas. Han venido denunciando en los últimos meses temas como la suciedad, la falta de seguridad o las chapuzas de concejales de Ahora Madrid en los distritos de la capital.

Tal como ha podido saber OKDIARIO, consideran que el acuerdo se toma de forma «completamente arbitraria y choca frontalmente la legislación vigente». Explican que la reciente reforma en el Reglamento de la EMVS nada tiene que ver con esta regularización: «La reforma se refiere exclusivamente a la supresión del requisito que impedía solicitar una vivienda a quienes hubieran ocupado sin legítimo en los últimos 10 años una vivienda cuya titularidad corresponda a la EMVS, al Ayuntamiento de Madrid o a la Comunidad de Madrid».

Este acuerdo votado por los representantes de Carmena y Causapié en la EMVS «da prioridad a aquellas personas que se encuentran ocupando de forma ilegal, por no decir delictiva, una vivienda propiedad de la EMVS frente a otras 9.000 personas que, cumpliendo con todos los requisitos exigidos legalmente, se encuentran en espera de recibir la vivienda que legítimamente les corresponde».

Concluyen estableciendo que el acuerdo «se toma con la finalidad de hacer caso omiso a numerosas resoluciones judiciales condenatorias por delitos de usurpación. Dichas resoluciones se dictaron como consecuencia de las acciones interpuestas por la propia EMVS durante la pasada legislatura. por tanto, el propio acuerdo denota una clara intención de desobedecer los eventuales pronunciamientos judiciales que hubieran podido recaer sobre los ocupantes sin título legítimo, máxime si tenemos en cuenta que existen sentencias condenatorias en los 87 casos de ocupaciones ilegales».

Señalan que se puede interpretar que no ha existido por parte del Ahora Madrid y PSOE una intención de regular situaciones “excepcionales”, sino que, más bien, «lo que realmente se pretende es establecer un procedimiento flexible, fácil de cumplir, tendente a facilitar la regularización de situaciones delictivas sin existir marco legal alguno para poder llevarse a cabo».