La Plataforma Millán Astray avisa a Justicia: retirar calles en su honor no se ajusta a la ley
La Plataforma ha requerido a la Dirección General de la Memoria Histórica información relativa a sus altos cargos y su afiliación política y sueldos.
La Plataforma Patriótica Millán Astray ha advertido a la Dirección General de la Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Justicia, que respete las calles del General Millán Astray que aún sobreviven en España, pues el Fundador de La Legión según reiterada Jurisprudencia no está en el marco de la Ley de la Memoria Histórica.
En una misiva enviada este lunes señalan al Ministerio del Gobierno de Pedro Sánchez que el masivo envío de interpelaciones a más de mil municipios españoles para que cambien los nombres de sus calles en base a la Ley de la Memoria Histórica es una «invasión» de las competencias municipales a decidir sobre los nombres de sus calles.
Retirada de calles a dirigentes del PSOE
La Plataforma Millán Astray aconseja al Ministerio de Justicia el cumplir escrupulosamente la Ley y las sentencias existentes, además de que le solicita que proceda a hacer un inventario y promover la retirada de los nombres de las calles españolas de dirigentes socialistas que sí que entran en el ámbito de la Ley de la Memoria Histórica, por cuanto suponen una exaltación de la guerra y de la represión, como son el caso de Indalecio Prieto y Largo Caballero.
La Plataforma, en base a la Ley de Transparencia, ha solicitado a la Dirección General de la Memoria Histórica que informe de «en base a qué mandato, norma o prerrogativa el actual director General de la Memoria Histórica puede exigir a los responsables municipales una certificación de que en sus municipios no existe “símbolo de exaltación».
Además, pide información sobre «todos los cargos de confianza y altos cargos de la Dirección de la Memoria Histórica y su afiliación política, privilegios y su sueldo total y demás ventajas retributivas», además de «espacios, edificios, teléfonos, coches oficiales, viviendas oficiales y demás recursos públicos asignados a esa Dirección General con su correspondiente identificación, ubicación y coste asociado».
Se solicitan también «todas las subvenciones otorgadas por esa Dirección General desde su creación, con sus beneficiarios, importes, actividades y demás condiciones y aplicaciones, con el expediente completo de cada una de ellas» así como «copia de todos los requerimientos enviados a los municipios españoles sobre la Ley de la Memoria Histórica».
La Plataforma requiere los «viajes, dietas, eventos, programas, conferencias, publicaciones y demás actividades que conlleven un coste de esa Dirección General con sus correspondientes contratos públicos, detallando la publicidad, importes, tribunales y el concurso llevado a cabo en su otorgamiento» y pide que la Dirección aclare «las actuaciones llevadas a cabo en cuanto la limpieza del callejero de las ciudades y pueblos españoles de todos los dirigentes del PSOE que tuvieron un papel fundamental en los crímenes de guerra llevados a cabo en la retaguardia bajo el control de la II República en el periodo de 1936 a 1939».
En el caso de que la Dirección General de la Memoria Histórica no colabore en esta petición de información pública, la Plataforma avanza que acudirá al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno y a los Tribunales de Justicia, pues las Leyes están para ser cumplidas, en especial por el Estado.
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