El plan estatal de niñeras que impulsa Montero con 190 millones excluye a los colegios concertados
El proyecto de Igualdad habla de "dependencias públicas" como "escuelas, centros municipales o polideportivos"
El PSOE auxilia a Podemos y veta una comisión de investigación sobre la niñera-alto cargo de Montero
El plan estatal de cuidados de menores de 14 años impulsado por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero excluye a la educación concertada, que recibe de esta manera el enésimo revés del Gobierno de Pedro Sánchez tras su polémica Ley Celaá.
El Consejo de Ministros aprobó este martes este plan con una dotación de 190 millones de euros dirigidos a las comunidades autónomas y 10 millones para programas y estudios de «sensibilización». Sin embargo, en la referencia oficial de la reunión gubernamental, donde se explican los pormenores del Plan, no aparece recogida en ningún momento la educación concertada.
En concreto, el texto del Ejecutivo socialcomunista que estos «cuidados profesionales a niñas, niños y jóvenes menores de 14 años se prestarán en domicilios por un número determinado de horas semanales», así como en «dependencias públicas convenientemente habilitadas al efecto, cumpliendo con las garantías sanitarias, tales como escuelas, centros municipales o polideportivos, entre otros». Ninguna alusión a los centros concertados.
En estas «bolsas de cuidados», Igualdad apuesta por fomentar el empleo de «personas jóvenes» con perfiles profesionales correspondientes a «TASOC (Técnica/o en Actividades Socioculturales), monitoras/es de ocio y tiempo libre, TAFAD (Técnicas/os superiores de Animación Sociodeportiva), educación Infantil, auxiliares de guardería y jardín de infancia».
Junto a ello, el ministerio de Montero plantea el «establecimiento de convenios con el SEPE o los organismos de empleo de carácter autonómico al objeto de fomentar la inclusión en las bolsas de cuidado de las personas con experiencia profesional en el sector de los cuidados formales e informales, especialmente mujeres mayores de 45 años».
Según indica el Gobierno en la citada referencia del Consejo de Ministros, este proyecto, denominado ‘Plan Corresponsables’ deberá ser desarrollado por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a través de los órganos competentes en materia de igualdad, previa ratificación en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad.
Además, las comunidades habrán de destinar los fondos recibidos a crear «mecanismos públicos de reconocimiento de la experiencia de cuidado no profesional que habiliten el acceso» a dichas bolsas de cuidados.
Ésta ha sido la iniciativa que el Ministerio de Igualdad ha venido a bombo y plantillo -fue anunciada la pasada semana- coincidiendo con la celebración del 8M, dado que el departamento de Montero no ha conseguido todavía aprobar ninguna de las cuatro leyes estrella de su competencia incluidas en el acuerdo de coalición con el PSOE (la ley del ‘Sólo sí es sí’, la ley Trans, la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y la ley contra la discriminación de personas LGBTI).
El caso de Teresa Arévalo
Además, resulta llamativo que mientras Montero promueve una red pública de personas encargadas del cuidado de menores para facilitar la conciliación de las familias, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, tras instancia de la Fiscalía, acaba de abrir una investigación sobre el presunto uso de una alto cargo de su ministerio para la atención de su hija pequeña.
Tras la formación del Gobierno de coalición en enero de 2020, Irene Montero nombró a Teresa Arévalo, ex diputada de Podemos sin titulación universitaria, jefa de gabinete adjunta de la ministra de Igualdad, con un sueldo bruto de 51.946 euros anuales.
Precisamente, este martes, el PSOE salió al rescate de sus socios de Podemos y vetó que se eleve al Pleno del Congreso el debate sobre la creación de una comisión de investigación sobre las funciones de la presunta niñera-alto cargo de Montero, tal y como había solicitado el PP. Por su parte, Vox también respaldó la propuesta de los populares.
Se da la circunstancia de que la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, la abogada Mónica Carmona, señaló al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que investiga a la formación de Pablo Iglesias por su presunta financiación irregular en el caso Neurona, que Arévalo ya venía desempeñando estas funciones de niñera de Montero dentro del partido.
OKDIARIO ha publicado uno de los documentos aportados por Carmona que demuestra que Podemos pagó viajes a Irene Montero, su hija y Arévalo con el presupuesto de la campaña electoral para las generales del 10 de noviembre de 2019. El pasado lunes se supo que el juez Juan José Escalonilla ha abierto una pieza separada en el caso Neurona para investigar estos hechos sobre la supuesta cuidadora de la ministra de Igualdad.
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