El peligroso símil de Sánchez y Castillo: cierre del Congreso, control de la Fiscalía y decretazos

24 horas más tarde, Perú aún trata de reponerse políticamente del terremoto que supuso el intento de autogolpe de Estado por parte del ya depuesto presidente Pedro Castillo. El dirigente de extrema izquierda, en su intento por librarse de una nueva moción de censura que le desalojaría del poder, anunció al país una serie de medidas drásticas: disolución del Congreso, control de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional, toque de queda nocturno y sustituir toda la actividad legislativa por un Gobierno en base a decretos presidenciales. Actuaciones que, en otro contexto, son similares a las que se han vivido en España durante el Gobierno de Pedro Sánchez, y que incluso fueron declaradas inconstitucionales.

Fueron apenas unas horas las que separaron la declaración presidencial de Castillo, articulando en directo su golpe de estado ante los 34 millones de peruanos, a su detención por parte de la Policía. Está acusado de rebelión. Terminaba así un mandato de casi año y medio que fue bendecido y aplaudido por la cúpula de Podemos, la misma que ahora guarda silencio sobre lo ocurrido.

La lista de medidas que anunció Castillo incluía la disolución «temporal» del Congreso y la creación de un «Gobierno de emergencia excepcional», con vistas a unas elecciones constituyentes en un plazo de nueve meses. Durante esos nueve meses, él gobernaría el país en base a «decretos ley» presidenciales. Se establecía, además, un toque de queda desde las 22 a las 4 horas.

Además, Castillo anunciaba cambios profundos en la Justicia para adecuarla a su nuevo estatus presidencial: «Se declara en reorganización el sistema de justicia, el poder judicial, el Ministerio Público (Fiscalía), la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional». Ni las Fuerzas Armadas ni el Congreso, ni siquiera su propio partido, secundaron el golpe. Tampoco las estructuras de la justicia peruanas.

Congreso

La lista de los planes que contemplaba Castillo, analizada detenidamente, resulta cuanto menos inquietante: en España se han registrado situaciones similares en diversos momentos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Destaca, por ejemplo, el intento por anular el Congreso peruano que iba a tumbarle. En marzo de 2020, tras decretar el estado de alarma, Pedro Sánchez cerró el Congreso ante las críticas de la oposición. Volvió a repetirlo durante los meses que duró el segundo estado de alarma, desde octubre de 2020 hasta abril de 2021.

Durante todos esos meses en los que el Congreso estuvo cerrado, Sánchez «canceló» la capacidad de fiscalización política del poder legislativo al ejecutivo. Así lo entendió el Tribunal Constitucional en la sentencia que declaraba inconstitucional la primera declaración de alarma por parte del Gobierno, y más tarde la segunda.

En ese segundo, los magistrados del Constitucional entendieron que la aplicación durante seis meses seguidos de este mecanismo excepcional previsto en la Carta Magna supuso, en la práctica, dejar al Congreso «privado» de «su potestad para fiscalizar y supervisar la actuación de las autoridades gubernativas». «Quedó así cancelado el régimen de control que, en garantía de los derechos de todos, corresponde al Congreso de los Diputados bajo el estado de alarma», concluyó el Tribunal Constitucional en su sentencia.

Decretazos

Al igual que planificaba Castillo, Sánchez también se ha aficionado a los decretos-ley, previstos únicamente para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Con una media de un decretazo firmado cada 12 días, Pedro Sánchez es el presidente de Gobierno en España que más ha gobernado en base a decisiones personales plasmadas en el BOE. Un total de 132 decretos-ley, por encima de otros presidentes que estuvieron casi el triple de años en el Gobierno, como el caso de Felipe González.

Pese a que Sánchez, cuando estuvo en la oposición, se comprometió a limitar el uso de esta fórmula de Gobierno, que no requiere la aprobación del Congreso, lo cierto es que el socialista ha batido todos los récords.

Las cifras en las que se mueve Sánchez abruman si se comparan con las de otros presidentes del Gobierno. En sus dos primeros años en Moncloa, Sánchez firmó más decretos-ley que la suma de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero en el mismo periodo de tiempo. Sumó 62 decretos-leyes, una cifra superior a los 54 que suman sus antecesores socialistas.

Justicia

Por otra parte, una de las claves del autogolpe fallido de Castillo consistía en asaltar la Justicia, la misma que amenazaba su supervivencia como presidente acorralado por la corrupción.

Ese control, como lo articuló Castillo en su declaración, iba dirigido al sistema judicial, a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional. Tres frentes que Sánchez tiene muy presentes en su intención por aumentar el poder del Ejecutivo frente al Judicial.

En 2020, Sánchez designó a su ex ministra de Justicia, candidata del PSOE-fue de número 5 en su misma lista- y diputada socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Algo nunca visto en la democracia española. Poco después, el líder socialista presumía de su control del Ministerio Fiscal con aquel ya célebre «¿Y de quién depende la Fiscalía?».

Los esfuerzos de Sánchez en ese intento por controlar la Justicia han pasado también por situar en el Tribunal Constitucional a dos magistrados afines, saltándose el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.

Sus dos candidatos elegidos también tienen un perfil polémico: Juan Carlos Campo, su ex ministro de Justicia y firmante de muchas de las leyes que podrían acabar en discusión en el Constitucional, y Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa próxima al independentismo.

Toque de queda

También hay ecos sanchistas en el toque de queda propuesto por Castillo. En España se aplicó en otro contexto, el de la pandemia, durante los seis meses del segundo estado de alarma. También fue declarado inconstitucional.

En Perú, Castillo contemplaba que tuviese una duración de seis horas. Dos menos de las que tenía en España, cuando se prohibió a los ciudadanos estar en la calle entre las diez de la noche y las seis de la mañana del día siguiente. Todas las multas que se pusieron por incumplirlo quedaron anuladas.