Sánchez usa ahora la ‘mili femenina’ de la Falange para captar voto pensionista en plena crisis

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 14/03/2022 14:06
  • Actualizado: 14/03/2022 15:37

El Partido Socialista llevará este martes al Congreso de los Diputados una proposición de ley para que el Servicio Social femenino del franquismo compute en el acceso a la pensión de jubilación parcial. El partido de Pedro Sánchez quiere utilizar ahora esta medida de la Sección Femenina de la Falange Española para, asegura, «romper con la brecha de género entre hombres y mujeres» en materia de pensiones. Se trata de un servicio que se imponía a las mujeres de entre 17 y 35 años, al estilo de la mili masculina.

La Sección Femenina, instaurada en 1934, estuvo dirigida hasta su desaparición, en 1977, por Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. El Servicio Social femenino era realizado por las mujeres solteras para acceder a un trabajo o a un título académico, como un «deber nacional». Se desempeñaba en hospitales, bibliotecas o escuelas, mayoritariamente, durante varios meses y no estaba remunerado.

En este tiempo, varias sentencias judiciales han amparado el derecho de las mujeres a computar este tiempo de trabajo. En 2020, el Tribunal Supremo obligó al Instituto Nacional de la Seguridad Social a tener en cuenta este servicio para acceder a la jubilación anticipada, algo que el Gobierno incluyó en la reforma de la ley de pensiones.

Nada sobre la crisis

Ahora, el PSOE, en su iniciativa, propone que la Ley General de la Seguridad social recoja que, para la jubilación parcial, se pueda computar también este período de prestación del servicio social obligatorio, como ya se hace con el servicio militar de los hombres.

En plena subida del IPC y con la luz en récord histórico, el partido del Gobierno no ha planteado ninguna medida en el Congreso sobre la crisis económica.

En su lugar, el PP sí planteará una batería de medidas para la reindustrialización del país. Se trata de unas 40 medidas entre las que incluyen, por ejemplo, el impulso de un Plan de rescate con un fondo de apoyo financiero y capitalización de empresas, ayudas directas y rebajas fiscales, así como un Plan de reequilibrio fiscal para reducir el gasto público entre 22.000 y 32.000 millones de euros y establecer una senda de reducción de déficit y deuda.

Juicios del franquismo

No es la única medida relacionada con Franco que debatirá el Congreso. Los socios del Gobierno han presentando también para el debate en el Pleno una proposición de ley para que los tribunales españoles puedan juzgar los crímenes del franquismo.

En concreto, se debatirá la tramitación de una proposición de ley registrada en 2020 por ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, habituales aliados de Pedro Sánchez, auspiciada también por Junts, la CUP y el BNG.

Estos partidos plantean incorporar al Código Penal «una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español para que a las víctimas de la dictadura y sus familiares les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».

Los partidos han planteado este asunto en el Congreso ante el bloqueo a la tramitación parlamentaria de la ley de «memoria democrática», aprobada en julio de 2021 por el Consejo de Ministros.

Estas formaciones han optado por llevar este asunto al Pleno mientras se mantiene ‘congelada’ la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática, que el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2021.

A instancias de Podemos, la ley incluyó una enmienda para que los crímenes del franquismo se pudiesen juzgar en España, lo que hasta ahora ha sido imposible por la Ley de Amnistía de 1977.

Ahora, los aliados del Gobierno quieren que esa posibilidad quede además recogida en el mismo Código Penal, de forma que se garantice el juicio y la condena de los actos o omisiones que en el momento de su comisión constituían según el Derecho Internacional, delitos de genocidio y lesa humanidad.