España

Sánchez quiere que ERC y Bildu se sumen a su plan para censurar las noticias que consideren bulos

Podemos pide a Sánchez ‘espías’ informáticos para censurar lo que consideren «bulos»

Sánchez podrá imponer su censura a las noticias que considere ‘fake’ con la Ley de Seguridad Nacional

Moncloa adoctrinará en las aulas sobre las ‘fake news’ como riesgo para la Seguridad Nacional

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Pedro Sánchez quiere ir más allá en su plan para vigilar la información que se publica en los medios de comunicación. El Partido Socialista ya ha avanzado a los grupos en el Congreso de los Diputados su intención de alcanzar un Pacto de Estado contra lo que denominan «desinformación», un eufemismo envuelto en la sospecha de la censura a las noticias críticas. Así, los socialistas pretenden buscar el refuerzo a sus planes contando con el apoyo de las formaciones con representación parlamentaria. Y entre ellas se encontrarían, en consecuencia, los partidos independentistas y los proetarras de Bildu. Sánchez considera que, de esta forma, su plan quedará avalado. El acuerdo buscará también el apoyo de los grupos de la oposición, que ya se han mostrado muy críticos con este asunto.

La Comisión de Interior del Congreso aprobó recientemente -con el voto del PSOE- una proposición no de ley de Podemos para desarrollar mecanismos para «la detección de bulos». Una iniciativa que fue adelantada por este periódico y en la que el socio de Gobierno -que en innumerables ocasiones ha atacado a medios y periodistas- pide «el desarrollo software de mecanismos rápidos de fact-checking» con dinero público para identificar aquello que consideren bulos. El partido de Ione Belarra no oculta su vocación de adoctrinamiento a través de la «alfabetización digital ciudadana», especialmente entre la población adolescente y considera que es necesaria una «respuesta por parte de los poderes públicos» para «preservar el derecho fundamental de acceso a la información veraz en la era del capitalismo digital».

En su intervención en la Comisión de Interior, la portavoz socialista Dolores Narváez arremetió directamente contra «la difusión de noticias falsas» que, en opinión de su grupo, «tanto practican algunos partidos políticos». Una aseveración que aporta nuevas sombras en el uso partidista de la lucha contra esa supuesta «desinformación».

Según la socialista, esa difusión «crispa la actividad política y pone en peligro la seguridad ciudadana», citando aquí, por ejemplo, «la creación de climas de polarización política inasumibles en democracia». «Se trata de la construcción de realidades paralelas que eliminan directamente la posibilidad de debate y contraste de ideas y que abocan a la confrontación», prosiguió la portavoz del PSOE, para quien «la salvaguarda de valores» requiere de la adopción de medidas como «una alianza total contra la desinformación» en la forma de un Pacto de Estado.

La ponencia política del 40º Congreso Federal del PSOE también recoge la preocupación del partido de Pedro Sánchez por esa llamada «desinformación». Una afirmación que no encontraría discusión si no fuese por el reiterado empeño del Gobierno en tachar de fake news aquellas informaciones sensibles para sus intereses.

Esas noticias, según Sánchez, «polarizan el debate político, tensionan artificialmente nuestra vida pública, y ponen también en peligro nuestro medioambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía».

«La desinformación y la propagación de bulos son una de las mayores amenazas que penden sobre las democracias liberales, porque minan la confianza en las instituciones y en los consensos básicos en los que se basa la convivencia pacífica», prosiguen los socialistas.

Ministerio de la Verdad

En noviembre pasado, el Gobierno aprobó el  procedimiento de lucha contra la «desinformación» , que ha recibido múltiples críticas de la oposición y también de las asociaciones de la prensa por su opacidad y su posible vocación censora.

En la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se explicaba que «la información veraz y diversa» es «uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas». También se advertía de la amenaza que supondría «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios».

La estrategia admite que uno de los propósitos es «examinar» la «libertad y pluralismo» de los medios de comunicación. Y en el mismo procedimiento se admite que habrá una «monitorización y vigilancia» de los medios.

Los ejemplos de los ataques a los medios por parte del Gobierno son numerosos y han recibido incluso el reproche por parte de EEUU.

El departamento de Estado estadounidense criticaba en su informe anual sobre derechos humanos que: «El 1 de marzo, el presidente Pedro Sánchez acusó a los medios ‘conservadores’ de ‘agitar a la sociedad’ cada vez que los conservadores pierden una elección. El mismo día, el segundo vicepresidente y secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que la prensa crítica con el Gobierno había ‘ofendido la dignidad del periodismo’. También en marzo, Pablo Iglesias amenazó con enviar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente sobre su financiación. Los comentarios fueron inmediatamente condenados por la Asociación de la Prensa de Madrid».

Una afirmación con la que se denunciaban los ataques del ex líder de Podemos contra Eduardo Inda, director de OKDIARIO, por sus publicaciones contrarias a los intereses de la formación morada.