Sánchez dice ahora que miraron cómo no defender a Llarena pero que «no era posible»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado una versión distinta este lunes de por qué el Gobierno decidió defender al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena —que instruye el sumario contra el ‘procés’—. El presidente ya rectificó la semana pasada la postura inicial de su ministra de Justicia, Dolores Delgado, de no ofrecer cobertura legal al juez alegando que siempre se había considerado hacerlo, pero ahora, según su nueva explicación, los motivos fueron que «no era posible» diferenciar su actividad privada de la que ejerce como juez.

El jefe del Ejecutivo ha jugado con las palabras para engarzar unas afirmaciones con las otras apuntando siempre tuvieron claro que el Gobierno y el Estado tenía que defender su «soberanía jurisdiccional» que había sido puesta en cuestión por la demanda del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En este sentido, ha insistido en que se trataba de una «cuestión de Estado» y no de «una cuestión de nombre y apellido del juez, sino de defender la soberanía jurisdiccional, en este caso del Estado español, que estaba siendo puesta en cuestión por Puigdemont».

Según Sánchez, el Gobierno siempre respondió «positivamente» a los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero ha añadido que el debate era si se podía diferenciar aspectos vinculados a la actividad privada de Pablo Llarena con los del ejercicio de su condición de juez.

«Concluimos que no era posible diferenciarlo y decidimos al final después de escuchar todas las opiniones que se vertieron, ser conscientes de que teníamos que defender por completo al juez Llarena», ha precisado el jefe del Ejecutivo.

Sobre si el Gobierno se plantea acudir al Tribunal Europeo si se cuestiona por un juez de otro país la jurisdicción española, ha recalcado que siempre lo han hecho y siempre lo han dicho.

En este sentido, ha insistido en que «defender la soberanía jurisdiccional es una cuestión de Estado más allá del nombre y apellido del juez y eso siempre lo ha tenido claro el Gobierno».