Sánchez lanza un plan antivioladores con medidas «alternativas a la prisión»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 20/06/2023 06:52
  • Actualizado: 20/06/2023 11:36

Con 1.127 agresores sexuales beneficiados por la ley del sólo sí es sí -de los cuales, 115 han sido excarcelados- Pedro Sánchez, a través del Ministerio del Interior, ha aprobado el primer Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027, con medio centenar de medidas y un presupuesto de 1.489.700 euros. Entre ellas, Interior se propone fomentar los «programas con perspectiva de género de tratamiento para agresores sexuales» y «medidas alternativas a la prisión», para lo cual se firmarán convenios con universidades y distintas entidades públicas o privadas.

Precisamente, una de las novedades que introdujo la ley impulsada por Irene Montero fue que los condenados a más de cinco años de prisión por ciertos delitos sexuales -como las agresiones a menores, la prostitución o la explotación sexual- tendrán que contar con la «valoración» y el «informe específico» sobre el «aprovechamiento del programa de tratamiento para condenados por agresión sexual» para poder acceder a un tercer grado.

Entre los objetivos de Interior siempre ha figurado favorecer el cumplimiento de las penas fuera de la cárcel alegando la «reinserción» del penado. Según el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, los talleres y programas alternativos contribuyen a crear en el penado «un nivel de conciencia del sufrimiento que genera el delito en la víctima y la necesidad de reparar el daño cometido a la sociedad, algo que conlleva asumir la responsabilidad de las consecuencias». Entre los programas más celebrados por Interior está, por ejemplo, el de Justicia Restaurativa, que se lleva a cabo en 40 centros penitenciarios y promueve los encuentros entre los condenados y las víctimas directas de sus delitos. Se aplica a delitos económicos, de conductas violentas, delitos de odio y en casos de violencia intrafamiliar, no así en delitos sexuales.

El programa que actualmente recibe este tipo de delincuentes en prisión se denomina Programa Contra la Agresión Sexual (PCAS), y en él participan anualmente medio centenar de penados. En las cárceles españolas hay aproximadamente unos 4.000 condenados por delitos sexuales.

El fin principal de estos programas es evitar la reincidencia y también la vida en libertad de los condenados. La propia ley del sólo sí es sí determina que las administraciones públicas deben «promover programas específicos dirigidos a favorecer la reinserción» de los agresores sexuales, y evitar la comisión de nuevos delitos. La rehabilitación de estos condenados siempre ha sido polémica. Incluso un informe de Interior advierte de la particular reincidencia de los delincuentes sexuales, señalando que «los porcentajes de reincidencia que se producen tras los cinco primeros años de la excarcelación no resultan despreciables y en el caso de delitos graves como los cometidos contra la libertad sexual pueden sugerir una reflexión sobre la intervención con este tipo de delincuentes y su seguimiento». La conclusión de dicho estudio -que abarca una extensa investigación entre los años 2009 y 2019- es que hasta el 71,43% de los condenados por un delito contra la libertad sexual que reinciden lo hacen en los cinco primeros años tras la excarcelación, y hasta un 57,14% en los tres primeros.

Plan

El Gobierno, cabe recordar, aprobó la ley del sólo sí es sí pese a conocer los riesgos. Moncloa incluso avisó a Igualdad durante su elaboración de la necesidad de no rebajar las horquillas penales, y el departamento de Irene Montero, junto al Ministerio de Justicia, realizó una simulación sobre el impacto de la nueva legislación, concluyendo que un 2% de condenas serían revisadas. Pese a ello, Pedro Sánchez acabó aprobando la norma en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021.

Entre las principales medidas que ahora pone en marcha Interior está  la creación de la Oficina Nacional Contra las Violencias Sexuales y del Sistema de Registro, Seguimiento y Prevención de los Delitos Sexuales (Sistema VioSex). Este sistema permitirá, explica Interior, que «ante una agresión sexual de cualquier tipo, los motores de búsqueda permitirán localizar hechos similares sucedidos en otros entornos geográficos o con similares modus operandi que puedan facilitar el esclarecimiento de los hechos».

Además, Interior pone el foco en la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros profesionales en la lucha contra todas las formas de violencia sexual. Para ello, se «potenciarán los planes de formación interdisciplinar» y especializadas para los efectivos policiales y el personal de Instituciones Penitenciarias. Además, se promoverá la actividad investigadora y la «elaboración de informes técnicos y estadísticos sobre diferentes aspectos de la violencia sexual».

Por su parte, se implantará «una herramienta prospectiva que permita realizar valoraciones del riesgo de reincidencia en delitos sexuales que ayude a la toma de decisiones en el ámbito de la prevención».