El Parlament, con el apoyo de C’s y PSC, prohíbe la entrada de policías armados y con la cara cubierta

La Mesa del Parlament ha aprobado este miércoles un protocolo que regula la entrada de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que exige que los agentes dejen sus armas en la entrada del edificio y vayan con el rostro descubierto, entre otras condiciones.

El protocolo se ha aprobado después de que agentes de la Guardia Civil se personaran en el Parlament a finales de julio para recabar información sobre el ‘caso 3%’.

El documento de cinco páginas ordena las actuaciones a seguir sobre el acceso de la policía judicial al Parlament y estipula que los agentes deberán identificarse ante los Mossos que hay en la entrada «y exponer el motivo de su presencia».

Después, el protocolo indica que los ujieres deberán contactar con el responsable de seguridad, que, a su vez, pedirá la autorización o la orden judicial a los agentes: deberá fotocopiar el documento y enviarlo al secretario general o al letrado mayor del Parlament.

Forcadell dará autorización

El secretario general informará a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para que «autorice la entrada al edificio» de los agentes que tengan orden judicial; si no tienen este documento, no se les dejará entrar.

«Si, pese a eso, los agentes persisten en su pretensión, el secretario general dará cuenta de su actitud a la Presidencia para que informe al jefe superior de los agentes personados» en caso de que lo considere oportuno, concreta el protocolo.

Si tienen autorización y acceden al edificio, «depositarán las armas en el armario correspondiente» y deberán mantener el rostro descubierto mientras estén en el Parlament.

El protocolo añade que la policía judicial «en ningún caso puede acceder al Parlament para practicar la detención de un diputado», y defiende respetar en todo momento el principio de inviolabilidad de los representantes.

Con el PP en contra

En rueda de prensa en la cámara, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha alertado de que este protocolo pretende «coartar la acción de la justicia», y ha criticado que PSC y Cs hayan votado a favor.

En su opinión, el objetivo es «poner todas las dificultades posibles para que los agentes judiciales y la Guardia Civil no puedan hacer su trabajo», ya sea investigando casos de corrupción, como ocurrió a finales de julio para recabar información sobre el caso 3%, o actuando contra personas que se salten la ley.

También considera incomprensible que Cs y PSC hayan votado a favor, por lo que les ha reclamado que rectifiquen y pidan la convocatoria urgente de la Mesa del Parlament para volver a votar el protocolo.