España
Caso CDR

El ‘papelón’ de la Fiscalía de Sánchez: considera terroristas a los CDR pero pide su libertad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional confirmó este jueves lo adelantado por OKDIARIO: su respaldo a poner en libertad a tres de los siete radicales CDR imputados por terrorismo. Sin embargo, durante la vista judicial se registraron una serie de contradicciones que sorprendieron a todas las partes implicadas. La Fiscalía recalcó la gravedad de los delitos por los que se les acusa, pero terminó sugiriendo su libertad previo pago de 9.000 euros de fianza.

«¿De quién depende la Fiscalía?». Desde aquellas palabras que pronunció Pedro Sánchez ante los micrófonos de RNE, cada una de las decisiones que ha tomado el Ministerio Fiscal ha sido analizada con lupa. La sombra del uso político por parte del Gobierno socialista es cada vez más alargada en el actual escenario de negociaciones para la investidura.

Así ha ocurrido durante la vista judicial que tuvo lugar este jueves en la Audiencia Nacional. Un tribunal analizaba la petición de libertad bajo fianza presentada por las defensas de cuatro de los siete CDR imputados por terrorismo. La Fiscalía acudía a la cita después de -como adelantó en exclusiva OKDIARIO- cambiar de opinión en sólo un mes sobre la prisión preventiva.

Fuentes judiciales presentes en la celebración de la vista relatan a este periódico cómo el Ministerio Fiscal -representado por el fiscal Miguel Ángel Carballo- argumentó con fervor y de forma muy detallada por qué se le imputaban a los detenidos los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

Uno a uno, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha ido nombrado los delitos que se les imputan a los presuntos terroristas. Se mostró tajante en cada uno de sus argumentos y defendió que los investigados debían continuar en prisión. Sorpresa en la Sala con el inesperado alegato de Fiscalía.

Este alegato sorprendió a las defensas y la acusación popular ejercida por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), que esperaban de primeras un ‘blanqueamiento’ de los acusados que permitiera su excarcelación. Al menos, de esos tres CDR que no tocaron explosivos.

Ante esa posición inesperada, el letrado de ACVOT, Ignacio Fuster-Fabra, planteó directamente a la sección de la Audiencia Nacional que la fianza era irrisioria y que no se podía mantener una alternativa de puesta en libertad bajo fianza de los independentistas terroristas por un importe tan bajo. La Fiscalía, se remitió por ello únicamente al escrito presentado la pasada semana, en el que se hablaba de libertad condicional sin hacer referencia alguna a la fianza .

«No estaba de acuerdo»

Fuentes presentes en la vista explican a este periódico que el fiscal no parecía estar de acuerdo con esta nueva postura que ha adoptado el Ministerio Público. Subrayan que «parecía como si se las hubiesen impuesto».

Finalmente, Carballo se ha visto obligado a expresar al tribunal que si ellos consideran dejarles en libertad, lo hagan pero abonando una fianza. Además, en este caso se les impondrá unas medidas cautelares como comparecencias periódicas en el juzgado, entrega de pasaporte y prohibición de salida de territorio nacional.

Esta medida afectaría a tres de los siete detenidos Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón y Xavier Buigas cuyo recurso de apelación contra el auto de prisión provisional ha tenido lugar este jueves. Existe un cuarto integrante que no formaba parte del «núcleo productor». Se trata de Ferrán Jolis, del que existen ciertas dudas dado que era uno de los miembros más activos en la banda.

Se opone a la libertad

La Fiscalía se mostró tajante hace apenas un mes cuando los investigados recurrieron el auto de prisión y se mantuvo firme en su petición de mantener dicha medida cautelar porque temen una “fuga a lo Puigdemont”. Defendieron dicha petición alegando el elevado riesgo de fuga de los detenidos, quienes podrían huir si se encontrasen en libertad debido a las penas que acarrean los delitos que le imputan, destrucción de pruebas y reiteración delictiva.

Ante la Sala de la Audiencia Nacional, Fiscalía no ha defendido de forma clara que los CDR deban salir de prisión. Le han dejado esa decisión al tribunal, que deberá acarrear las consecuencias de una medida que incluso ha encendido a los guardias civiles que realizaron una investigación de un año y medio para detener a la célula. Dicho tribunal está formado por el juez José Ricardo de Prada, el responsable de tumbar el Gobierno de Mariano Rajoy.