Page prepara un decreto para expropiar medios rurales con la excusa de proteger al águila Imperial Ibérica

El Gobierno de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García-Page ha preparado un borrador de decreto por el cual se aprueba un plan de recuperación y protección del águila imperial ibérica en la región. Ahora bien, esta normativa, que podría ser del todo beneficiosa para la fauna castellano-manchega, recoge ciertos puntos que pueden llegar a atentar contra la propiedad privada de los ciudadanos en los medios rurales.

Así, el documento oficial al que ha tenido acceso este medio explica en su punto 6.1 que «cuando el factor de perturbación se deriva de usos y aprovechamientos legítimos, la persona titular de la Dirección General competente en materia de conservación de la biodiversidad, mediante resolución motivada, establecerá las limitaciones y demás condiciones precisas para la realización de aquellos a efectos de reducir o anular el riesgo».

Asimismo, en el apartado 6.2 la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha argumenta que en el caso de «instalaciones o construcciones legítimamente realizadas, se podrá además acordar la necesidad de su modificación».

El borrador del decreto continúa exponiendo que en todo caso, «las líneas eléctricas aéreas que no cumplan las disposiciones del Decreto 5/1999 de 2 de febrero, y del RD 1432/2008, de 29 de agosto, los depósitos y balsas o depósitos de agua abiertos y accesible para la fauna y los parques eólicos existentes ubicados en áreas críticas y zonas de dispersión se consideran un factor de perturbación».

Según ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha, varios ayuntamientos de la región han presentado alegaciones contra este nuevo decreto que quiere aprobar García-Page.

En este sentido, el consistorio de Tomelloso afirma que esta nueva norma limita derechos sobre la propiedad y la actividad en las zonas afectadas «sin establecer compensaciones o indemnizaciones». «No se recogen, en ninguna parte del Borrador, indemnizaciones por las limitaciones que se imponen a las actividades o modificaciones a instalaciones o construcciones legalmente implantadas. De esta forma, podría incurrirse en hipotéticos casos de expropiación por vía de hecho. Los sectores principalmente afectados serían la agricultura, la caza, el turismo, o la producción de algunas energías renovables. Así mismo entra en colisión directa con la competencia municipal de ordenación del territorio», alegan.

Además, en el escrito de alegaciones presentado denuncian que el estudio del gobierno de García-Page en cuanto a las zonas de dispersión contempladas para la protección del Águila Imperial resulta dañino para gran parte de los municipios y lo califican de «desproporcionado».

«El Borrador recoge un total de 500 municipios (de los 919 de toda Castilla-La Mancha) como zonas de dispersión. Consideramos, por tanto, que esto supone un impacto desproporcionado, que afectando al 55% de los municipios de la región, impone además unos límites meramente administrativos y no ambientales, tal y como deberían regir ante cualquier figura de protección medioambiental», manifiestan.

No sólo eso, sino que niegan que ese estudio tenga una base científica «de calado específico». «No se aportan estudios o fundamentos que aconsejen la definición de áreas afectadas. Además de no haberse comunicado previamente a todos los agentes que puedan verse afectados, en la parte del borrador que se dedica a la revisión de zonas de dispersión, no se delimita ni cuantifica cómo debe ser la acotación de superficie suficiente para garantizar la tranquilidad de las nuevas parejas reproductoras que aparezcan».