Page amaga con dar batalla contra la amnistía: «Si hay que recurrirla, lo haré»

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha anunciado que se plantea presentar un recurso contra la amnistía. «Si hay que ejercer recurso lo haré», ha dicho en relación con el acuerdo entre el PSOE y Junts, que incluye la amnistía y las concesiones fiscales para Cataluña a cambio del apoyo de los partidos independentistas al candidato socialista a la investidura. «No es ni aviso ni amenaza», ha recalcado el líder socialista en Castilla-La Mancha.

«Será absolutamente imposible una votación que ponga en cuestión algo que dice la Constitución», ha declarado Page. Pero en caso de que continúe adelante la votación de las medidas pactadas entre independentistas y socialistas, ha expresado que piensa actuar. «Si hay que dar batalla, lo haremos», ha dicho el líder socialista regional.

El presidente castellanomanchego ha explicado que en el pacto entre PSOE y Junts vio «mucha necesidad y ninguna virtud». «Ayer vi mucha necesidad. Por un lado, de gobernar y por otro, de librarse de la cárcel», ha explicado García-Page.

El líder socialista en la región ha denunciado que los negociadores de su formación han comprado un»relato falso», que tergiversa los hechos. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha ha manifestado que el texto debería expresar que el ex presidente de la Generalitat «es el culpable, no la víctima».

Page ha expresado su rechazo a «una relectura» de la Constitución por el pacto entre Junts y PSOE que incluye la amnistía para lograr sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. Además, el líder socialista castellanomanchego ha expresado que no va a tolerar que «alguien» saque provecho de la pluralidad de nuestro país para obtener ventajas fiscales.

Estas declaraciones las ha hecho el presidente en el Hospital Virgen de Altagracia de la localidad de Manzanares, en Ciudad Real. Allí se ha celebrado un acto de inauguración una nueva zona de resonancia magnética.

Rechazo al pacto de investidura

Page no es el único que ha criticado el pacto de investidura de los socialistas con la formación de Carles Puigdemont. Todas las asociaciones de jueces, incluida la progresista y más afín al Gobierno, ha mostrado su «rechazo por las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias». Las organizaciones de magistrados expresan que «someter a revisión parlamentaria» las decisiones judiciales, implica una «evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».

Por parte de los Inspectores de Hacienda, se han expresado en un comunicado «absolutamente en contra de una amnistía fiscal», en relación con la condonación de la deuda catalana porque «sería muy injusta e iría en contra del artículo 31 de la Constitución» que promulga la igualdad tributaria de los españoles.

También han emitido un texto conjunto los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Han expresado su crítica «frontal y absoluta». Han añadido que «vulnera la legalidad vigente y supone la ruptura del régimen constitucional actual».

Más allá de todos ellos, el Colegio de Abogados de Madrid, los Letrados de Administración de Justicia, las Asociaciones de Fiscales y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid expresaron en las horas posteriores a la publicación del acuerdo un rechazo de la medida acordada entre PSOE y Junts.