Iglesias exigirá a Sánchez perseguir a los cargos públicos que impidan las injurias al Rey

La ofensiva de Podemos contra Pedro Sánchez a cuenta del Rey y la Monarquía se recrudecerá en otoño, cuando el partido de Pablo Iglesias retome su iniciativa -adelantada por OKDIARIO- para despenalizar las injurias a la Corona. En la proposición de ley, Podemos refuerza su perfil anti-monárquico, hasta el límite de exigir que las autoridades o cargos que impidan dichas ofensas -en tanto las considera «libertad de expresión»- sean inhabilitados y sancionados.

Así, por tanto, Pedro Sánchez deberá afrontar con sus socios de coalición un debate complicado, que Podemos está dispuesto a llevar al extremo para reafirmar su vocación netamente republicana.

La formación morada registró el pasado marzo en el Congreso una proposición para «proteger la libertad de expresión» reformando el Código Penal que se encuentra ya a punto para el debate parlamentario.

La iniciativa contempla la supresión de los artículos que penalizan, entre otros, el ultraje a España, los insultos a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo.

Pero, además, la formación de Pablo Iglesias incorpora sanciones para las autoridades que intenten evitar los hechos que se despenalicen y queden amparados por esa supuesta «libertad de expresión», entre ellos, los insultos o injurias a la Corona. Así, el partido quiere que, en ese caso, sean inhabilitadas con hasta cuatro años para empleo o cargo público. También se les podrá imponer una multa de entre seis a 12 meses.

La iniciativa recoge además que serán inhabilitados por el mismo tiempo las autoridades, funcionarios o agentes que, fuera de los supuestos que recoge la ley,  «procedan a identificar a una o varias personas», con el fin de «desvelar la identidad con el propósito de conocer o controlar su participación en actividades de índole político, sindical, religioso u otras en las que se ejerciten los derechos a la libertad ideológica o de pensamiento o de libertad de expresión».

La iniciativa de Podemos suprime seis artículos del Código Penal que, entre otros, castigan además las calumnias, injurias y amenazas graves al Gobierno de la Nación e instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Supremo; las ofensas a los sentimientos religiosos; las ofensas o ultrajes a España, sus comunidades autónomas y sus símbolos o el enaltecimiento del terrorismo y el menosprecio o humillación para sus víctimas.

«Crítica legítima»

En concreto, en referencia a la Corona, Podemos sostiene que «la especial protección de la más alta institución política del país, en cuanto que ostenta la Jefatura del Estado, constituye un verdadero ataque contra la libertad de expresión».

«En un sistema democrático cuanto más poder tiene una institución mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. De otra manera no se entiende la libertad política ni la democracia», defienden desde la formación podemita.

En este contexto, se remiten al Comité de Derechos Humanos de la ONU, para avalar que «todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política» y que «los Estados partes no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el Ejército o la Administración».

Contra la Justicia

El partido de Iglesias, socio del Gobierno socialcomunista, arremete incluso contra la Justicia, cuestionando que «tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han dictado numerosas sentencias, algunas de ellas con votos particulares discrepantes, que hacen caso omiso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y continúan condenando por injurias a la Corona».

Para Podemos, calificar las ofensas a la Corona como «delitos de odio» suponen una «banalización» de este tipo de delitos.

El partido también justifica la quema de fotografías de los Reyes, destacando -de acuerdo a una sentencia europea- que se encuadra «dentro de la crítica política, no personal, a la institución monárquica en general y en particular al Reino de España como nación».

«Todo ello además se enmarca en la sentencia dentro de un debate público que no se debe coartar penalmente. Es una crítica a lo que el Rey representa, se dice, en tanto que jefe y símbolo del Estado. Una provocación que busca la atención mediática para transmitir su mensaje político crítico, de insatisfacción y protesta con la institución, y por tanto amparado por la libertad de expresión», prosiguen desde la formación.

Podemos no es el único frente para Sánchez. En plena negociación de los Presupuestos, el socialista deberá afrontar también el debate de otra proposición presentada este mismo martes por ERC en la que se pide derogar los artículos del Código Penal que contemplan penas de prisión por el delito de injurias a la Corona y ultrajes a España como la quema de banderas.