Oltra se salta la ley para pagar a un clan de residencias con sobrecoste millonario para el erario

• Agustín de Grado @a_degrado
• Subdirector y responsable del Área Política en OKDIARIO. Antes jefe de área en ABC, subdirector en La Razón y director de Informativos en Telemadrid.
• • 31/07/2017 03:11
  • Actualizado: 31/07/2017 03:11

La Intervención Delegada de la Generalitat Valenciana no deja lugar a la duda. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha vulnerado el ordenamiento jurídico al pretender el pago a varias residencias de ancianos sin la tramitación del preceptivo expediente de contratación.

El pago de estas facturas sin contrato supone, de un lado, un sobrecoste millonario para las arcas públicas, pues se cercena la oportunidad del abaratamiento que otorga el concurso; y, del otro, un enriquecimiento injusto para las empresas hasta que se produce la ‘legalización’ del pago.

El abono de facturas sin contrato se ha convertido en una práctica habitual en el gobierno valenciano. El PP cuantificó este martes en 1.200 millones de euros la cantidad pagada sin el respaldo de la Intervención a lo largo de 2016. De los 259 expedientes recopilados por el diputado Rubén Ibáñez, coordinador de Economía del Grupo Popular, la mayoría corresponden a la vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, en manos de la dirigente de Compromís.

Oltra no sacó a concurso la explotación de las plazas concertadas que explotan las residencias privadas en 2016. Sin tener contrato renovado, las empresas siguieron prestando el servicio durante meses y la administración valenciana fue acumulando con ellas una deuda que, llegado el momento de pagar, solo podía saldarse con la autorización del pleno del Consell. El máximo órgano del gobierno de la Comunidad es el único autorizado para ordenar un pago cuando se ha vulnerado la ley de contratos del sector público y no existe contrato que ampare el abono de una factura.

Enriquecimiento injusto y sobrecoste

Al pleno del Consell ha tenido que acudir Mónica Oltra en varias ocasiones para tramitar como «indemnización por enriquecimiento injusto» el pago de la deuda contraída y normalizar una situación no conforme a la ley. La jurisprudencia define el enriquecimiento injusto como una «traslación patrimonial que no aparece jurídicamente motivada o que no encuentra una explicación razonable en el ordenamiento vigente».

Además, la decisión de hurtar el pago de estas facturas a las normas de la contratación pública perjudica al bolsillo de los valencianos. Si esas plazas salieran a licitación para ser adjudicadas, el juego de la libre competencia reduciría el precio en un 14 por ciento, según fuentes del sector.

Aplicado este ajuste en las diez residencias de este gráfico, todas ellas afectadas por el acto viciado de la administración valenciana, el sobrecoste se dispara hasta los 3 millones y medio de euros.

«Hay una merma gravísima de los intereses de los valencianos porque si Oltra en lugar de pagar así lo hiciera sacándolo con contrato, la Hacienda valenciana se ahorraría bastantes millones de euros», ha declarado Rubén Ruiz.