El nuevo delirio ecologista de Díaz: fomentar bancos que primen «valores ambientales» sobre rentabilidad

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz propone el «fomento y promoción» de bancos éticos. Estas instituciones, según indica la cartera de la vicepresidenta del Gobierno, anteponen la «alineación con valores sociales y ambientales» sobre la «rentabilidad y los intereses de los accionistas» que desde Trabajo atribuyen a la banca convencional.

La cartera de la fundadora de Sumar ha elevado a consulta pública un proyecto de real decreto de «fomento y promoción de las entidades financieras de la economía social y las finanzas éticas». Es decir, una norma para asegurar la proliferación de instituciones bancarias que se alineen con los valores del partido de Yolanda Díaz y no se centren en dar tantos beneficios a sus accionnistas.

Trabajo critica que la «banca tradicional» tenga como «objetivo principal» la «rentabilidad». «Responden principalmente a los intereses de los accionistas, buscando maximizar beneficios», reprocha la cartera de Díaz.

A sus ojos, la ventaja de la llamada banca ética es que «tiene un modelo de gobernanza participativa que garantiza su alineación con valores sociales y ambientales». En ese sentido, subrayan que estas entidades «aplican criterios de exclusión a sectores como la industria armamentística y priorizan inversiones en sostenibilidad, cooperación y desarrollo».

El Ministerio justifica esta medida por «el actual contexto económico», que define como un mundo con una «creciente complejidad en los mercados financieros y por la concentración progresiva de la actividad en operadores de gran dimensión internacional».

«Alternativas con objetivos sociales»

Ante ello, el Gobierno asegura que resulta «especialmente relevante» el refuerzo de «alternativas» financieras que estén orientadas «hacia objetivos sociales y medioambientales». Y considera que su presencia es necesaria «ante desafíos como la transición ecológica y digital o el reto demográfico y la despoblación de zonas rurales».

Desde Trabajo se ha propuesto la creación de un «ecosistema financiero diverso» en el que coexista la banca clásica con la «ética». Entre otras cosas, la propuesta del ministerio de Sumar prevé fomentar la «inclusión financiera equitativa» y el «empoderamiento económico».  También pretenden impulsar «iniciativas que favorezcan la participación plena de las mujeres en el acceso al crédito, a seguros o a otros servicios financieros».

De ese modo, la cartera de Díaz considera que no existe un «marco normativo estable» y propone la creación de una ley que «fomente de manera efectiva el sector de las finanzas éticas y de las entidades financieras de la economía social, reconociéndolo, además, como tarea de interés general».

«Se busca cumplir con la necesidad de promoción de un tejido productivo y empresarial que ponga los objetivos sociales y medioambientales en el centro», razona la propuesta de Trabajo. El modo en el que pretenden alcanzar ese objetivo es a través del fomento de estas entidades y «reforzando su visibilidad y su seguridad jurídica mediante una definición precisa de los principios que guíen su actuación».

Entidades financieras éticas

Todo ello se traducirá en dos tipos de entidades bancarias que el propio ministerio explica en su página web:

• Bancos éticos. Son entidades que gozan de «ficha bancaria» y operan como «intermediarios financieros». Ofrecen diferentes servicios entre los que están la «captación de ahorro y concesión de crédito». Su actividad no sólo se dirige a la ciudadanía, sino también hacia las «organizaciones de la economía social y solidaria y empresas de impacto». Su objetivo es garantizar que sus operaciones «se alineen con principios de sostenibilidad y responsabilidad social».
• Entidades financieras éticas no bancarias: Es el segundo tipo de entidades que busca promover Yolanda Díaz. Se trata de organizaciones que no tienen ficha bancaria, pero que «prestan financiación a sus socios, entidades del tercer sector, organizaciones de la economía social y solidaria y personas en riesgo de exclusión financiera». Para ello se valen de «recursos propios y aportaciones de sus socios y organizaciones asociadas». Todo ello con el fin último de asegurar «que el capital gestionado se destine a proyectos con impacto positivo en la sociedad».