El narcoterrorista Pablo Escobar financió con dos millones de dólares el asalto del M-19 de Petro

• Luis Balcarce @lbalcarce
• Vicedirector de OKDIARIO.
• • 03/05/2023 22:33
  • Actualizado: 04/05/2023 12:21

La toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 fue una joint venture entre los terroristas del M-19, deseosos de desestabilizar el Gobierno de Belisario Betancur, y el cártel de Medellín del sanguinario Pablo Escobar, que buscaba frenar los procesos de extradición de los narcos a Estados Unidos. Un grupo terrorista y un banda de narcotraficantes le había declarado la guerra frontal al Estado colombiano. Escobar entregó armas y dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, jefe militar del M-19, para llevar a cabo la operación que acabaría en masacre. Buscaban una guerra y la tendrían.

Escobar se sentía traicionado por Betancur, al que financió con cinco millones de dólares en campaña, por haber nombrado a Rodrigo Lara Bonilla como Ministro de Justicia. Lara Bonilla persiguió a los narcos por tierra, mar y aire hasta que un 30 de abril de 1984 dos sicarios en moto emboscaron el Mercedes blanco en el que viajaba y lo acribillaron a tiros. «Lo difícil no es encontrar las respuestas, sino aceptarlas», dijo su hijo Jorge Bonilla, que tenía siete años el día que mataron a su padre. Siendo adulto urdió un fallido plan para asesinar en venganza al hijo de Escobar en Suiza. Acabaron haciéndose amigos.

Cuando Escobar se enteró que el M-19 planeaba tomar el Palacio de Justicia decidió financiar la operación para que los terroristas una vez dentro quemaran los documentos con los que la Corte Suprema de Justicia pensaba extraditarle a EEUU. «El plan ‘A’ era que se metieran en el Senado, no en el Palacio, porque era allí donde Betancur iba a pelear la extradición. El plan ‘B’ era matar la mayor cantidad de magistrados y quemar los expedientes, que fue el que finalmente se llevó a cabo», confesó el sicario Popeye, la mano derecha de Escobar, a la revista Semana.

Tras incendiar el edificio, los terroristas secuestraron a sus ocupantes con la idea de poner al Gobierno de Betancur de rodillas y obligarlo a aceptar sus condiciones. Pero éste se negó tajantemente a dialogar con una frase que humillaría hoy a Pedro Sánchez: «El Gobierno no negocia cuando están por medio las instituciones», y añadió que él asumía las responsabilidades del asalto porque había tomado «personalmente» las decisiones.

Una vez acabado el asalto, en el interior del edificio se descubrieron entre 80 y 90 cadáveres, en su mayoría de terroristas. Luis Otero, Andrés Almarales, Alfonso Jaequin, Afranio Parra, Guillermo Ruiz y Vera Grave, miembros de la dirección nacional del M-19, fueron abatidos por el Ejército. Sólo cuatro de los aproximadamente 50 asesinos que iniciaron el asalto salieron con vida. Antes de entregarse, se ensañaron asesinando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes, al que mataron a balazos y posteriormente arrojaron a las llamas del incendio que arrasaba el palacio. Siete jueces perdieron la vida, al igual que una decena de militares que combatieron a los terroristas.

Betancur plantó los tanques del Ejército delante del Palacio de Justicia dispuesto a liberar a los rehenes y acabar con los terroristas. El saldo fueron 28 horas de pánico, muerte y destrucción con 101 muertos -entre ellos 11 magistrados- y varios desaparecidos. Treinta y siete años después de aquella masacre, a la entrada del edificio todavía puede leerse la frase de Francisco de Paula Santander, uno de los padres fundadores de Colombia: «A los colombianos las armas os han dado la independencia, pero sólo las leyes os darán la libertad».