Mucha, mucha policía y «ciertas ganas» a la Guardia Civil

Sobre la violencia pivota buena parte de la causa que ha llevado a sentarse en el banquillo a los doce líderes independentista catalanes acusados de sendos delitos de rebelión y sedición agravada con malversación. Violencia que sus abogados han tratado de atribuir sin descanso a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, léase Guardia Civil y Policía Nacional, sin ningún éxito. Lejos de la raquítica «defensa» en sala del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a los agentes que se jugaron el tipo para hacer cumplir una orden judicial, no lo olvidemos, los mandos policiales han sido harina de otro costal y un verdadero muro de contención a las preguntas de las defensas.

El comisario Sebastián Trapote y el teniente general Ángel Gozalo han venido a ratificar las declaraciones del coordinador general del dispositivo de seguridad de los tres cuerpos implicados en la misión, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Mientras Trapote asignaba una actitud de los grupos concentrados en los centros de votación que iba desde la «virulencia» radical a la «alta violencia» de «algunos elementos perfectamente organizados». Gozalo narra cómo «si difícil era acceder a los mismos, para requisar material y cerrarlos, más complicado era salir porque los ciudadanos que estaban fuera estaban más cabreados».

A medida que algunas de las unidades operativas lograban con éxito su objetivo, «las reacciones eran más violentas y las unidades se tenían que emplear no con contundencia pero sí con más fuerza» porque, como es lógico, no podían «consentir» que se les rodeara. «Nos bloqueaban el paso, nos agredían, nos insultaban…» aseguran ambos que denunciaron sus hombres una vez superado el trance. Tal era la hostilidad que, en algunos casos, hubo que «abortar» las intervenciones, incluso algunas de las ya iniciadas, porque «las consecuencias hubieran sido más graves tanto para los propios policías» en particular, «como para los ciudadanos» en general.

«La policía no se dedica a ir pegando a la gente de forma gratuita» recuerda el comisario Trapote a las defensas.

El ambiente ya venía previamente caldeado. Los Mossos, confirma Gozalo bajo juramento de decir verdad, «hicieron seguimientos a sus unidades» revelando posiciones y apostando vehículos para tomar y emitir referencias de las «salidas y movimientos» de las unidades del instituto armado. Extremo éste que se está investigando en los juzgados de Lleida. Amén del episodio de 19 de septiembre de 2017, durante el registro de material electoral de Unipost, cuando los agentes solicitaron ayuda y los Mossos «tardaron 40 minutos» en asistirles, en una respuesta que ni fue «adecuada ni oportuna». «Todo sumaba. Algo estaba fallando», apostilla el teniente general de la Guardia Civil.

No contentos con ello muchos «opusieron resistencia cuando los agentes iban a intervenir en determinados centros, además de rechazar ayudarles cuando se lo pidieron y mantener una actitud general de pasividad». Lo que se dice un claro ejemplo de compañerismo y cooperación que, seamos sinceros, en cierto modo esperaban si atendemos a lo que se ha contado hasta la fecha en el transcurso de las sesiones, sobre cómo su mayor, José Luis Trapero, recibió con rechazo y oposición el nombramiento del coronel Pérez de los Cobos.

Sería precisamente éste último quien -a la vista de la «radiografía visual» que se encontraron las unidades da Guardia Civil y Policía a su llegada a primera hora de la mañana a los puntos de votación el 1-O- activase el «plan B» para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudiesen actuar de motu proprio y en sustitución, ya no auxilio o apoyo como preveía la opción A, de los Mossos.

La policía autonómica había orquestado lo que en lenguaje civil se denomina ‘paripé’. Un despliegue «escasísimo» de medios; un no evitar que los puntos de votación se llenasen de gente, incluso estando en algunos totalmente ausentes; y, un acudir, la mayor parte de los efectivos, con una equipación «inadecuada» -ya que iban pertrechados como meras parejas de agentes de «seguridad ciudadana»- para «ejercer funciones de orden público». Trapero había llevado a cabo su máxima: activar un protocolo que, como ya le había reconvenido el Fiscal General del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, «estaba pensado para la convocatoria de una jornada electoral legal y ordinaria». No era el caso.

Los Mossos tuvieron una actitud «pasiva» en los centros de votación del 1-O que tenían orden judicial de cerrar

La ausencia de las judicialmente obligadas figuras de autoridad, llevó a los participantes de esas votaciones a erigirse en esas «murallas humanas» que, según la versión independentista, se apostaban en actitud de «resistencia pacífica» convencidas de que que no existían límites. Tal fue así que los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil fueron recibidos como el enemigo, con un grado de hostilidad de tal magnitud que, visto en perspectiva, Gozalo asegura que era una forma de canalizar que se tenía «ganas a la Guardia Civil» porque había realizado con éxito, como policía judicial, algunos registros en actuaciones previas a la celebración del referéndum.

Violencia, mucha. En ocasiones la «resistencia»contra los agentes mutaba en un grado mayor de ataques «con empujones, insultos o lanzamiento de objetos», ratifican Trapote y Gozalo. En Maresme uno de los hombres uniformados sufrió patadas tendido en el suelo. Hasta 55 miembros de la Benemérita resultaron lesionados y cinco recibieron la baja médica. Pocas bromas, vamos.

Por no hablar de las «131 muestras de desafecto», como concentraciones en las casas cuarteles de diferentes municipios, y situaciones de «acoso por parte de la ciudadanía, con apoyo de algunas instituciones y determinados medios de comunicación». Mujeres e hijos de los agentes habituales «vieron limitados su libertad de movimiento cuando se dirigían a comprar, al colegio o al instituto». Los que llegaron «comisionados» no sufrieron menos «presión» en sus hoteles o alojamientos. La revolución de las sonrisas provoca muy poca gracia.

Que en pleno siglo XXI y en una democracia plena, conformada en el marco de un Estado de Derecho, como es España, tengamos que asistir a que un responsable policial como el comisario Trapote deba recordar, a preguntas de una defensa procesal, una obviedad mayúscula como que: «La policía no se dedica a ir pegando a la gente de manera gratuita» es, como mínimo, triste. Preocupante, sin exagerar. Lo mismo que la grieta descomunal entre los mandos policiales y los políticos directamente responsables de su labor. ¡Qué diferencia de datos, nivel y saber estar, por favor!