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Rafael Mozo, presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha rechazado convocar el pleno extraordinario que le pedían los vocales designados por el Partido Popular, alegando que éstos no han acompañado su solicitud con el nombre de al menos dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC).

Según ha precisado el órgano de gobierno de los jueces, el presidente interino del CGPJ ha tomado esta decisión después de que los vocales del sector conservador le reclamasen el pasado 9 de diciembre la convocatoria de una reunión de forma urgente que incluyese en el orden del día el nombramiento de los magistrados al tribunal de garantías.

Los nueve vocales solicitantes fueron: Nuria Díaz, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández Martínez, José María Macías Castaño, Francisco Gerardo Martínez, María Ángeles Carmona Vergara y Wenceslao Olea.

Ahora, Mozo ha justificado que «la petición así formulada no puede ser atendida en aplicación del artículo 35, párrafo segundo del Reglamento 1/1986 de Organización y Funcionamiento del CGPJ, que exige la aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día del pleno cuando se solicite la celebración de una sesión extraordinaria».

El presidente interino del CGPJ alude en concreto al cumplimiento de dos reglas del procedimiento. Las mismas señalan que la convocatoria del Pleno tendrá lugar cuando lo acuerde el presidente por propia iniciativa o lo soliciten al menos cinco vocales. Esa solicitud de convocatoria del Pleno, sin embargo, deberá incluir los nombres de dos candidatos.

Esta insólita decisión ha generado profundo malestar y sorpresa entre los vocales del órgano que considera que «jamás» se ha dado una situación así mientras el magistrado Carlos Lesmes presidió el órgano. Además, los vocales del sector conservador consideran que el presidente puede incurrir en responsabilidades penales con su actitud y enfrentarse a una querella si persiste en su actitud.

Renovación

El bloque mayoritario del consejo de jueces presentó la propuesta de convocatoria tras conocer la intención del PSOE de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para asegurar la renovación del Tribunal Constitucional cuanto antes.

Dicha reforma, que la oposición recurrirá ante el tribunal de garantías, eliminará la mayoría de 3/5 de las votaciones del CGPJ y la verificación de los perfiles de los candidatos por parte del Alto Tribunal, lo que distintos juristas consideran que sería ilegal, más aún cuando se pretende hacer aprovechando la reforma del Código Penal para modificar los delitos de sedición y malversación.