Montero ataca a los jueces por la ley del aborto: «Sería raro que viesen bien un avance feminista»
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El Gobierno ha tramitado de urgencia la ley del aborto para llevarla al Congreso sin el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha cargado contra los jueces por «incumplir los plazos» para presentar el informe y les ha acusado de intentar poner obstáculos.
«Sería raro que viera con buenos ojos un avance en derechos feministas, nunca lo ha hecho. Siempre los ha cuestionado y ha tratado de poner trabas», ha señalado la podemita en una entrevista en la que ha acusado al Poder Judicial, además, de «no hacer su trabajo».
Asimismo, la titular de Igualdad ha justificado la decisión del Gobierno socialcomunista de seguir adelante con la tramitación de la ley a falta del informe porque «saben cuáles son sus plazos». «Conocen la ley y no han hecho su trabajo», ha manifestado al respecto.
Asimismo, en la entrevista, recogida por Europa Press, ha apuntado que en caso de que el CGPJ «decida hacer su trabajo y elaborar el informe», éste se incorporará al expediente. «Cuando lo haga, lo recibiremos, lo incorporaremos, y si tiene alguna crítica o propuesta constructiva, dependiendo del momento de la tramitación, ésta se debatirá», ha señalado.
Irene Montero considera que esta ley se podía tramitar con urgencia porque, a su juicio, «hay muchísimas mujeres en España que no pueden acceder de forma efectiva a la interrupción voluntaria de su embarazo y tienen que desplazarse cientos de kilómetros porque en varias comunidades autónomas no los practican en centros públicos».
Respecto al hecho de que las niñas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento paterno, la ministra ha justificado que la autonomía del paciente «fija con claridad que la mayoría de esas sanitaria está en 16 años».
La nueva norma, impulsada por la cartera de Igualdad, permite abortar sin permiso paterno a las menores de 16 y 17 años, recoge el acceso gratuito a la píldora del día después, establece las bajas por menstruación dolorosa y recoge que las píldoras anticonceptivas de última generación vuelvan a estar cubiertas por la Seguridad Social.
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