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Moncloa pone el Estado al servicio de la defensa de la ciudadana particular Begoña Gómez: «Recurriremos»

En un decálogo difundido a la prensa afín, Moncloa se toma la investigación a Gómez como asunto de Estado

Nada más conocerse la apertura de una investigación judicial a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Moncloa envió un mensaje contundente a un grupo reducido de medios de comunicación con la valoración oficial del Gobierno. Un comunicado de diez puntos en el que Presidencia dejaba claro que tratará como asunto oficial la investigación a Gómez, anunciando -en primera persona del plural- que «recurriremos» la decisión judicial. Además de poner los recursos del Estado a disposición de una ciudadana «ajena a la vida pública», como definió a Gómez la vicepresidenta María Jesús Montero, Moncloa pone la mano en el fuego por la mujer de Sánchez: «Es intachable».

Presidencia se arma para defender a Begoña Gómez. La maquinaria de comunicación de Moncloa ya se ha puesto a disposición de la primera dama, a la que ahora se le ha abierto una vía de agua preocupante con la llegada de sus vínculos empresariales al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La reacción a la noticia, conocida este miércoles por la mañana, no tardó en aparecer en los teléfonos móviles de periodistas afines a la línea del Gobierno. Lo hizo en formato de decálogo.

«No todo vale en política. La derecha y la ultraderecha han cruzado una línea nunca antes traspasada en la política española», señalaba el Ejecutivo. en el mensaje. Sólo unas horas más tarde, el PSOE pedía la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un asunto fiscal de su pareja sentimental.

Sorprende, además, que todos los mensajes enviados por Moncloa están en primera persona del plural: «No conocemos el auto judicial. Resulta de extrema gravedad que se conozca una actuación judicial por un medio de comunicación sin que haya sido siquiera notificado a la parte interesada, lo que provocaría una indefensión intolerable para cualquier ciudadano. Indefensión aún mayor en el caso de que el juez haya decretado el secreto del sumario», señalan.

«Recurriremos»

Pero lo verdaderamente significativo viene a continuación, en ese punto 3 del decálogo de Moncloa en la defensa de Gómez: «En el caso de ser así, recurriremos esta decisión judicial de forma inmediata».

En el PP, donde ha llegado el mensaje difundido por Moncloa, se preguntan si ese «recurriremos» que señala el Gobierno significa que la defensa legal de Begoña Gómez será una cuestión oficial. Si quiere decir que tendrá a su disposición a medios y recursos de la Abogacía del Estado. Si no oficialmente, sí como soporte o asesoría.

Además, pese a venir recalcando durante semanas que los negocios de Gómez son un asunto privado que sólo le compete a ella, en este caso Moncloa muestra su confianza ciega en el desempeño de una ciudadana que no tiene nada que ver con la política: «Podemos afirmar con rotundidad que la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno es intachable», señalan desde Presidencia.

«Se trata de una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias, basada en bulos y noticias falsas, por lo que carece de toda base legal y responde a una estrategia de la derecha y la extrema derecha y sus terminales», dice Moncloa.

Recuerda el Gobierno, además, que «la Oficina de Conflicto de Intereses», que controla el propio Ejecutivo, «ya archivó en dos ocasiones sendas denuncias del PP».

«Ajena a la vida pública»

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, fue taxativa cuando surgieron las primeras informaciones que apuntaban a un posible tráfico de influencias por parte de la mujer de Pedro Sánchez:»Cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. No todo vale». Esa defensa férrea de Gómez se producía, tan sólo, días después de que la propia Montero apuntase a la pareja de Ayuso, por la investigación fiscal que Hacienda mantiene sobre él.

Sin embargo, y pese a que desde todas las esferas del Gobierno se empeñaban en circunscribir a su «esfera privada» la actividad profesional de Begoña Gómez y sus vínculos con empresarios, ahora Moncloa asume su defensa como si de un asunto oficial se tratase. Una cuestión de Estado.

Investigación a Gómez

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abre investigación por las relaciones empresariales de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con varias empresas privadas que han recibido contratos públicos del Gobierno español. Las diligencias judiciales, abiertas a partir de una denuncia de Manos Limpias, buscan determinar si se ha cometido un delito de tráfico de influencias.

La querella sostiene que Gómez podría haber influido en funcionarios públicos para obtener beneficios económicos para sí misma u otros, así como haber participado en actos de corrupción privada. Entre las primeras medidas tomadas por el juez Juan Carlos Peinado en esta causa judicial está la citación de varios testimonios para esclarecer los negocios de Gómez y su conexión con en Palacio de La Moncloa.

En concreto fue el pasado martes 16 de abril de 2024, el juez ha incoado diligencias de investigación por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez, tras recibir por reparto ordinario la denuncia, como publica El Confidencial y confirma OKDIARIO. Las diligencias de investigación están declaradas secretas.

Los indicios que acorralan a Begoña Gómez son numerosos. Desde su llegada a La Moncloa se ha promocionado como experta en captación de fondos públicos y privados. Su día a día ha sido colaborar con empresas. Uno de los casos más llamativos fue con una gran aerolínea con la que se reunió y, posteriormente, el Gobierno otorgó un rescate de 475 millones de euros. También han sido polémicos varias cartas de recomendación a consultoras tecnológicas que también se han llevado encargos estatales.